El diputado de MC dijo que la reapertura de las cuentas públicas es imposible e ilegal

Dulce Gómez

Diputados de Juntos Haremos Historia, que son mayoría en el Congreso del Estado de Puebla, aprobaron la reapertura de los dictámenes de las cuentas públicas del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, periodo 2016-2017, los últimos de su mandato. Con 23 votos a favor y 17 en contra, los legisladores del bloque que conforman los partidos políticos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se impusieron a los legisladores frentistas para exigir que David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), entregue cuanto antes los dictámenes correspondientes a los últimos 13 meses de gestión morenovallista. Durante la sesión ordinaria, el diputado de Morena y coordinador de la bancada, Gabriel Biestro Medinilla, recordó que la naturaleza de la revisión es porque la Auditoría Superior de la Federación, en su “informe del máximo órgano de fiscalización, se deprende que en el último año del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas se realizaron un total de 28 auditorías en el estado, de las mismas no se comprobó el ejercicio de 263 millones de pesos que representan irregularidades o posibles daños al erario”, manifestó en la tribuna del Congreso.

Asimismo, pidió al PRI a que se sumara al llamado, pues en mayo de este año desde la bancada del Senado, los legisladores federales del partido tricolor pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una investigación contra Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso, por probables conflictos de interés en la construcción de la plataforma Audi en San José Chiapa. Por otra parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, justificó que las cuentas públicas del ex gobernador eran “cosa juzgada”, por lo que era imposible e ilegal su reapertura, toda vez que fueron evaluadas y aprobadas por la LIX Legislatura. Incluso alertó que esto abría la puerta para una posible re-revisión como “garrote político” contra otros enemigos de los partidos en el poder y del que quedaban vulnerables ex alcaldes y demás ex funcionarios.