Activistas señalaron que en Huaquechula, Tehuitzingo y en Cuayuca la ayuda que es entregada tanto por gobierno como por sociedad civil ha sido acaparada por las autoridades municipales, mientras que, en San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, descubrieron a burócratas estatales cuando robaban parte de los cargamentos.

En Huaquechula, Ariana de Jesús Ramos denunció que en esa población descubrieron que el presidente municipal Edwin Mora Caballero tiene almacenada la ayuda en el DIF municipal, mientras que a los damnificados que acuden a pedir apoyo les dicen que no tienen nada para repartir.

La joven destacó que los reportes que tienen de la propia población es que la autoridad municipal sólo está entregando despensas a las personas que son afines a su gobierno.

Explicó que junto con un grupo de voluntarios trabajan en Huaquechula, en la zona de Atlixco, en un centro de acopio alterno para ayudar a las personas que resultaron afectadas por el sismo.

“Fui el jueves a la presidencia municipal a informarles que teníamos un reporte de comunidades a las que no había llegado ayuda, pero cuando entré vi que la explanada del mercado estaba repleta de víveres, entonces saqué mi celular y empecé a tomar fotos, pero una persona de nombre Jaime Paulo trató de impedirlo”, relató.

La voluntaria indicó que en ese momento preguntó a la presidenta del DIF el porqué tenían almacenado en ese lugar tantos apoyos, cuando había personas en diversas comunidades de Huaquechula que los necesitaban.

Ramos dijo que la funcionaria les aseguró que la ayuda sí se estaba repartiendo, pero que se hacía bajo un control específico, sin embargo, en las comunidades han encontrado que muchas personas no han tenido ningún tipo de respaldo por parte del ayuntamiento a partir de que ocurrió el siniestro.

“Los vecinos de las comunidades lo que nos han dicho es que el ayuntamiento sí está repartiendo apoyos, pero sólo a su gente”, denunció, “la verdad sí es un caos, están acaparando demasiada ayuda, sólo ayer llegó un camión y tardaron como siete horas para bajar todo”.

“Yo lo que diría a los voluntarios que están trayendo ayuda a las comunidades es que mejor la repartan directamente ellos a los damnificados, que no lo hagan a través de las autoridades, porque sí el gobierno está actuando mal”, agregó.

En Tehuitzingo

Una situación similar fue denunciada en Tehuitzingo, donde la presidenta del colectivo Desarrollo Integral Humanitario, Carolina Garrido, denunció que el alcalde obliga a las caravanas que llegan a esa localidad a que entreguen lo que traen en la presidencia municipal e impide que ingresen al pueblo.

Indicó que los víveres que los víveres donados por la sociedad civil son almacenados en las casas de Reyna López, secretaria del ayuntamiento, y Juana Solís, regidora de Salud.

Luego relató que un grupo de brigadistas de esa organización se tuvo que enfrentar a las autoridades municipales cuando pretendieron llevar ayuda a las localidades de San Juan de Dios, San Francisco de Asís y San Vicente Ferrer, en ese municipio, pues las querían obligar a que lo entregaran al ayuntamiento, cuando ellos querían llevarlo directamente a la gente.

Una situación similar denunciaron brigadistas de Tulancingo, Hidalgo, que llevaban donaciones a los habitantes del municipio de Cuayuca, pues la presidenta de ese municipio, Graciela Perea Aranda, les quitó parte de un cargamento que estaba destinado para los damnificados.

Una voluntaria, que pidió el anonimato, acusó a la alcaldesa de haber agredido a los ciudadanos que llevaban la ayuda, según un video que fue divulgado por la cuenta de Facebook La Mixteca Times.

“No venimos de ninguna fundación, de ninguna organización y mucho menos de ningún partido político, esto viene directamente de Tulancingo, Hidalgo”, señaló la voluntaria, “se nos hace muy mal que la presidenta nos corrió, nos agredió físicamente, verbalmente, y nos quitó lo de tres camionetas”.

En el zócalo de Cuayuca, la mujer dijo que sólo pudieron conservar las cosas que traían en una camioneta del convoy procedente de Hidalgo, que en ese momento repartían entre los pobladores.

También aseguró que la alcaldesa se quedó con alimentos enlatados, ropa, medicamentos y fruta que estaban al interior de dos camionetas Nissan de estaquitas y una camioneta de tres toneladas.

Según la voluntaria, la edil les dijo que para repartir la ayuda tenían que haber avisado con tiempo y que, si no lo hicieron, estaban pasando sobre su autoridad.

“Nos dijo que si queríamos que nos regresara las cosas que nos quitó, que teníamos que entregarle las facturas”, denunció.

En Jolalpan también los pobladores se han quejado de sus autoridades, pues el pasado viernes, cuando el gobernador Antonio Gali Fayad estuvo en esa localidad, igual afectada por el sismo, Rubén Parias Pineda, presidente del Comité para la Reconstrucción, denunció que el edil Antonio Javana ha excluido de ayuda a sus adversarios políticos.

Incluso, señaló que Javana sacó del albergue que opera en ese municipio a los pobladores que, en abril de este año, participaron en un plantón frente al Congreso local para pedir su destitución como alcalde, pese a que son habitantes que perdieron sus casas por el temblor.

Izúcar

Por otra parte, habitantes de Izúcar de Matamoros advirtieron a las autoridades estatales que prefieren que sus hijos pierdan el ciclo escolar a que los pongan en riesgo en instalaciones inseguras.

Luego de que el gobernador estuvo en esa población para iniciar con la demolición del centro escolar “Lázaro Cárdenas”, que quedó con daños estructurales tras el sismo del 19 de septiembre, un grupo de padres de familia se manifestó afuera de la escuela.

Los padres denunciaron que al quedar inservible el inmueble del centro escolar, se les informó que sus hijos acudirían a otras escuelas para tomar clases, como lo es el Centro de Educación a Distancia, pero que igual ese edificio está dañado, por lo que temen por la seguridad de los niños.

También demandaron que las autoridades estatales no se apresuren en la construcción de una nueva escuela, y que más bien garanticen que las nuevas instalaciones serán de calidad y estarán bien edificadas.

En el Facebook, igual un grupo de ciudadanos exhibe a trabajadores del ayuntamiento de Puebla que se trasladan en una camioneta con logotipos oficiales, número 2493 y placas SL 28065, quienes se apropiaron de víveres, pañales y ropa que los voluntarios llevaron para los damnificados de San Lucas Tulcingo.

“Todo lo que les trajimos se lo estaban robando y vienen de gobierno”, dice una mujer que graba con su celular, “qué vergüenza, que no están viendo el asunto y ustedes burlándose de la gente ¿no les da pena?”.

En la grabación, señalan que las personas realmente iban de Puebla en dos vehículos, uno de ellos un automóvil placas TYL4951 y la camioneta del ayuntamiento poblano, que llevaba los logotipos tapados con cartulinas y cintas y la cual es conducida por un hombre que asegura trabajar para la Secretaría de Gobernación.

“Todos estamos dando todo lo que podemos y ustedes nada más vienen como alimañas”, expresa la mujer que graba y que advierte que subirá el video a las redes sociales para exhibirlos.

“Fuera, fuera, fuera”, gritan los pobladores.

Texto publicado originalmente por:Proceso