El gobierno venezolano hizo un “uso excesivo y abusivo de la fuerza” en contra de manifestantes opositores, dice Amnistía Internacional.

Desde que llegó Nicolás Maduro a la presidencia (2013), Venezuela enfrenta la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna, alimentada por la violenta reacción de las autoridades ante una escalada de protestas el año pasado, dijo el jueves Amnistía Internacional en su informe 2017/18 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. A mediados de 2017, Maduro enfrentó cuatro meses de protestas de la oposición para exigirle elecciones anticipadas, ayuda humanitaria para combatir la escasez de alimentos y medicinas, el reconocimiento del Congreso dominado por la oposición y la libertad para los activistas encarcelados.

En lugar de responder adecuadamente a las exigencias de millones de venezolanos, el gobierno de Maduro respondió con un “uso excesivo y abusivo de la fuerza” en contra de los protestantes, dejando un saldo de más de 120 muertes y cientos de detenciones. Las fuerzas de seguridad detienen a un manifestante durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 28 de julio de 2017. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente durante las protestas y se recibieron numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes. Desde 2014, Amnistía Internacional documentó 22 casos emblemáticos de personas detenidas arbitrariamente por razones polí- ticas mediante la aplicación de diversos mecanismos ilegítimos, como el uso de la justicia militar, detenciones sin orden judicial, y el uso de definiciones penales ambiguas y discrecionales, entre otras cosas, que “dejaban patente un patrón mucho más amplio de esfuerzos para acallar a la disidencia”. Los manifestantes dicen que funcionarios de la Guardia Nacional ejercieron mano dura al reprimir sus protestas, mientras que Maduro afirma que su gobierno se enfrentó a una “insurgencia armada” con el apoyo de Estados Unidos. Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro, las víctimas de violaciones seguían sin disponer de acceso a la verdad, la justicia y la reparación, según el informe de Amnistía Internacional.