Tras casi un año de investigación la UIF presentó la denuncia por posible corrupción y lavado de dinero. El caso complica la situación de Lozoya que aun busca un criterio de oportunidad a un año de ser extraditado a México

Animal Político 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado más de tres mil millones de pesos provenientes del erario a través de una amplia red de empresas fantasma.

Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la UIF había encontrado indicios de que Odebrecht tejió en México una red de empresas fachada – similar a la que uso a nivel internacional – para desviar una buena parte de los recursos que se le entregaron a través de la firma de contratos con Pemex y sus subsidiarias.

Dichos trabajos de inteligencia financiera concluyeron a finales de junio pasado con la confirmación de que existía una red de por lo menos 38 compañías que se habrían utilizado para ir dispersando recursos provenientes del erario. Se trata de posibles operaciones de lavado de dinero.

El que estos recursos se hayan desviado hacia empresas fachada y finalmente salieran del sistema bancario a través de múltiples retiros en efectivo es relevante porque confirma que el sobreprecio que se pagó en diversos contratos a Odebrecht (y que ya también fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación) habría sido premeditado.

Lo anterior con la finalidad de obtener dinero “extra” que la constructora brasileña se prestó a desviar y que podría tener como destino otros fines ilícitos que van desde el enriquecimiento de los implicados, hasta el pago de otro tipo de sobornos, o incluso el financiamiento ilegal de campañas electorales.

Entre las empresas denunciadas por esta trama están la propia constructora Norberto Odebrecht y sus filiales, así como diversas empresas factureras entre ellas Blunderbuss Company de México, una empresa fantasma constituida en Veracruz a la que la constructora brasileña transfirió millones de dólares.

De acuerdo con un reportaje publicado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad, los desvíos a través de los traspasos de Odebrecht se habrían implementado en por lo menos seis estados del país: Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México.

Autoridades federales confirmaron que también se detectó la salida de recursos al extranjero a través de transferencias bancarias. Se trata de acciones de lavado de dinero similares a las que se identificaron en el caso de Isaac Gamboa -exfuncionario de Hacienda cercano a Luis Videgaray – y en el caso de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.

De hecho, y como parte de las investigaciones que aún no concluyen, la Fiscalía y la UIF también indagan la presunta corrupción del gobierno de Javier Duarte con la constructora Odebrecht.

Cabe recordar que los primeros proyectos de gran envergadura de Odebrecht en México se formalizaron durante la administración de Duarte en Veracruz, a través de inversiones como la de la planta Etileno XXI en la que participa la compañía Braskem.