A más de un mes que entró en vigor una nueva legislación que regula a las empresas de redes de transporte en Puebla, Uber impugnó cuatro puntos, entre los que destaca la suspensión de cobros en efectivo.

A la empresa de viajes compartidos se le obligó cancelar la opción de pagos en efectivo en su plataforma desde el 8 de diciembre; ese mismo día recurrió a un juez federal para inconformarse, pues según explicó el director de Comunicación de la firma, Carlos Olivos, con este candado se discrimina el 56% de sus 380 mil usuarios que prefieren este método.

La compañía también se amparó contra el apartado que marca que debe asumir una responsabilidad legal y civil en caso de que sus socios-conductores incurran en alguna anomalía, como el caso de Mara Castilla, una estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), asesinada en manos de un conductor de Cabify en septiembre pasado, tras el uso de esa plataforma.

Uber tampoco quiere asumir responsabilidad legal

Otro de los puntos que impugnó Uber tiene que ver con su rechazo a asumir una responsabilidad legal y civil ante alguna anomalía por parte de sus socios-conductores, al alegar que las Empresas de Redes de Transporte (ERTs) solamente presta sus aplicaciones para operar y que el acuerdo para el uso del servicio se da entre particulares.

En el mismo mes del feminicidio de Mara Castilla, un chofer de Uber en Puebla fue implicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el asesinato de una estudiante de la BUAP, Mariana Fuentes, quien fue ultimada en una colonia en el sur de la ciudad al resistirse a un asalto.

El tercer punto por el que Uber se inconformó ante un juez federal es que no quiere aplicar pruebas socioeconómicas a posibles socios al considerarlas discriminatorias para aquellas personas de menores ingresos.

Carlos Olivos dijo también que es ambiguo el apartado en el que autoridades pueden acceder a información de la plataforma sin una orden judicial. Sin embargo, aunque en un inicio sí se planteó que el gobierno local pudiera tener información en tiempo real, en los cambios que se hicieron al dictamen antes de ser aprobado, se eliminó esta parte y quedó establecido que solo se accederá cuando exista una investigación.

Uber enfrenta restricciones a su actividad en otros estados mexicanos. El mes pasado, los legisladores en Quintana Roo, el estado del sureste que incluye a Cancún, dijeron que también estaban considerando una propuesta que prohibiría a los conductores aceptar dinero en efectivo y establecería un valor mínimo y criterios de edad para los autos usados para viajes, de acuerdo con Reuters.

 

Texto publicado originalmente por:Huffington Post

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