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La Corte Suprema de Pensilvania rechazó el sábado un nuevo recurso judicial de la campaña del mandatario Donald Trump, una de muchas que le han rechazado en la que había denunciado irregularidades durante las presidenciales en Estados Unidos.

La demanda presentada por los republicanos exigía anular los votos por correo o invalidar todos los sufragios y dejar en manos de los legisladores del estado la elección del vencedor en Pensilvania.

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, ganó en Pensilvania con una ventaja de 81,000 votos.

La corte rechazó las dos demandas y calificó la segunda de ellas de “sorprendente”, ya que trataba de “arrebatar el sufragio a los 6.9 millones de personas que votaron en Pensilvania”.

La demanda también cuestionaba la ley adoptada en 2019 en la que se instauró el voto por correo en Pensilvania, afirmando que era anticonstitucional.

En su fallo, los jueces indicaron que ese rechazo de la ley llegaba demasiado tarde, más de un año después de su adopción, y en un momento en que el resultado de la elección “parecía aparentemente evidente”.

Pensilvania certificó la victoria de Biden el 24 de noviembre.

El viernes, una corte de apelación había rechazado otro recurso judicial de Trump en el que se afirmaba que las elecciones no habían sido equitativas.

La campaña de Trump ya ha sufrido una veintena de derrotas judiciales en su intento de negar el resultado de las elecciones de este mes.

En este caso particular, la demanda se ha centrado en que el estado de Pensilvania no había aprobado correctamente la ley que permitía el acceso universal al voto por correo, es decir, que las papeletas para votar por correo se envían a los domicilios del votante sin que este tenga que realizar un trámite previo.

Por ello, Kelly solicitaba que se cancelaran todos los votos por correo, mayoritariamente demócratas, o que se permitiera al estado, en cuyas cámaras los republicanos tienen mayoría, seleccionar a los electores que deben ir al colegio electoral.

La Corte ha desestimado sin dejar posibilidad de apelación el caso, según ha informado la cadena de televisión ABC. Entre los motivos para hacerlo se encuentra que la ley que permite el voto por correo universal se aprobó con una amplia mayoría en octubre de 2019, por lo que, si Kelly pensaba que era ilegal, debía haber presentado antes la demanda.

En su auto, el juez David N. Wecht ha sido duro con los demandantes a los que ha acusado de no ser capaces de demostrar “que un simple voto por correo haya sido contado fraudulentamente”.

Pese a que su campaña supera la treintena de derrotas en los tribunales, Trump sigue asegurando en Twitter y sin pruebas que las elecciones del 3 de noviembre fueron un fraude y que él es el verdadero ganador.

 

El intento de golpe de Trump falló

 

El presidente utilizó todos los recursos posibles para quedarse en el poder, pero esto no funcionó por la resistencia dentro de su propio gobierno, el respeto a las normas de los republicanos locales y la victoria holgada de Biden. Se abre el debate sobre qué puede pasar con resultados más ajustados o un equipo menos chapuza que el de Trump.

Al final, no hubo golpe. El lunes por la noche y a regañadientes, Donald Trump dio luz verde al traspaso de poderes. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que este es el máximo gesto que tendrá Trump para aceptar el triunfo del demócrata, pero la maquinaria de la transición ya se ha puesto en marcha. El próximo gobierno de Biden ya tiene un dominio web del gobierno, está recibiendo informes de las agencias oficiales y comenzará a recibir fondos de las arcas nacionales. El Pentágono anunció rápidamente que colaborará con el traspaso de poderes. Y uno por uno, todos los referentes del partido republicano, una categoría especialmente tímida, están reconociendo el resultado de las elecciones.

 

La democracia de EEUU se llevó un susto

 

Sin embargo, no cabe duda de que la democracia estadounidense se ha llevado un susto. Ahora que comienza a disiparse la sensación de una amenaza inminente, ha llegado el momento de estudiar los enrevesados mecanismos internos del sistema electoral para determinar si es tan sólido como sus defensores afirman, o si esta vez el país tuvo suerte.

“Durante mucho tiempo, yo fui una de las personas que aseguraban que los guardarraíles de la democracia funcionaban”, dijo Katrina Mulligan, una ex alto cargo de la unidad de seguridad nacional del Departamento de Justicia. “Pero en estas semanas, he cambiado de opinión al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Ahora creo que dependemos demasiado de aspectos frágiles de nuestra democracia y esperamos que los individuos, en lugar de las instituciones, hagan el trabajo que debería hacer la institución”. 

 

El plan

 

El plan de Trump nunca fue un secreto, incluso antes de los comicios. Y desde las elecciones, cada día, el plan quedaba más claro: poner en duda la fiabilidad de los votos por correo, darse por ganador la noche de las elecciones, cuando la mayoría de esos votos no habían sido aún contados y luego sembrar la confusión con acusaciones, investigaciones del Departamento de Justicia y manifestaciones de grupos de extrema derecha en las calles para retrasar la certificación de los resultados.

Este retraso podía ofrecer a las legislaturas estatales controladas por el partido republicano la oportunidad de entrometerse y elegir sus propios electores para el Colegio Electoral, que es el organismo que elige formalmente al presidente. Esto hubiera generado una crisis constitucional que podría haber acabado en el Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría republicana de 6 contra 3 y está cada vez más politizado. Para que funcionara el plan, era necesaria cierta lealtad política para superar los votos reales, pero, en varios momentos decisivos, esto no sucedió.

Desde un principio, faltó el ingrediente clave para un golpe de estado clásico: unas fuerzas armadas motivadas políticamente. Esta carencia no se debió a una falta de esfuerzos por parte de Trump, que ya en verano intentó sacar las tropas a las calles para aplacar las protestas del movimiento Black Lives Matter, aunque el secretario de Defensa, Mark Esper se negó a cooperar.

Cuando Esper fue despedido tras las elecciones y se le dieron los cargos más importantes para la toma de decisiones a hombres leales a Trump, el General Mark Milley, jefe del Estado Mayor conjunto, utilizó una planificada aparición pública en un museo militar para enviar un mensaje muy concreto. “Nosotros juramos por la Constitución”, afirmó Milley. “No juramos por un rey o una reina, ni por un tirano ni por un dictador”. La declaración generó cierto alivio, pero lo más llamativo fue la necesidad de hacerla.

La otra palanca de poder que Trump intentó accionar fue la del Departamento de Justicia y el FBI. El fiscal general, William Barr, autorizó a los fiscales del país a investigar el supuesto fraude electoral si había “denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades”. La apertura de esas investigaciones hubiera alimentado las teorías conspirativas y le habría abierto la puerta a las legislaturas estatales republicanas para retrasar la certificación de los resultados. Pero los fiscales del Departamento de Justicia se rebelaron. El funcionario a cargo de investigar delitos electorales, Richard Pilger, dimitió, mientras otros hicieron públicas sus objeciones. 

“El Departamento de Justicia, más que muchas otras instituciones, tiene funcionarios con un conocimiento muy sólido de qué es la democracia y por qué importa defenderla”, dijo Mulligan, ahora directora nacional de Seguridad Nacional del Center for American Progress. Y añadió que la solidez del triunfo de Biden hizo más difícil que los funcionarios del Departamento de Justicia avalaran iniciativas tan dudosas.

 

Los republicanos locales

 

La siguiente línea de defensa eran los cargos republicanos de los estados con responsabilidad en el proceso de la certificación de los resultados. Estaban bajo una presión intensa: incluso algunos recibieron una llamada telefónica directamente del presidente. En la mayoría de estados se mantuvieron firmes, como fue el caso del secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, que confirmó el ajustado triunfo de Biden, convirtiéndose así en un paria dentro de su propio partido.

De igual forma, hasta los jueces más conservadores le dieron la espalda a las fantasiosas denuncias de fraude electoral que promovía el equipo de abogados de Trump, cuyo actual resultado en los tribunales es de una victoria y 35 derrotas. Quizás, conspiradores más competentes habrían causado más daño. Parece que Trump esperó hasta después de las elecciones para armar su equipo de abogados, y finalmente le cedió todo el control a su leal pero errático y desafortunado abogado personal, Rudy Giuliani.

En último término, el margen de triunfo de Biden (por más de seis millones de votos a nivel nacional y decenas de miles en la mayoría de los estados disputados) era tan claro, y los indicios de fraude tan débiles, que incluso con los mejores abogados, la vía legal habría sido prácticamente imposible. 

 

La próxima vez

 

Sin embargo, la experiencia de este año ha generado dudas sobre si la democracia estadounidense podría mantenerse en pie ante resultados electorales más reñidos y ante un grupo más disciplinado y decidido a robar el poder. Los grupos paramilitares, que no estuvieron lo suficientemente coordinados como para erigirse de la forma intimidatoria que quería Trump, podrían tener más fuerza en la próxima oportunidad. 

“Desde el día uno de la campaña, la retórica del presidente Trump para atraer a estos grupos ha sido peligrosa, brindándoles apoyo tácito para llevar a cabo actividades ilegales. Y la deslucida respuesta de las fuerzas de seguridad ante los actos de violencia pública de estos grupos ha exacerbado el problema”, dijo Michael German, miembro del Brennan Center for Justice y quien, en su época como agente especial del FBI, tuvo el trabajo de infiltrarse en grupos extremistas. “Su capacidad para organizarse, reclutar, y poner a prueba redes y tácticas, se ha visto fortalecida. Por eso, cuando por fin haya un esfuerzo por patrullar estos grupos, se convertirán en un problema aún mayor”.

Las elecciones de 2020 también han dejado a la luz un problema que contamina las bases del sistema: la caída de la confianza pública en que el sistema es justo. El 70% de los republicanos cree que las elecciones estuvieron amañadas, a pesar de que la certificación de los resultados ha sido transparente.

“Pienso que hemos tenido suerte”, afirmó Susan Hennessey, ex abogada de la Agencia de Seguridad Nacional y editora ejecutiva del blog Lawfare. “Al final no pasó nada, pero no fue porque no lo hayan intentado. Y en circunstancias diferentes, con un margen de votos más pequeño, creo que hemos visto que las leyes no pueden impedir que algunas personas tomen decisiones profundamente antidemocráticas”.