El País

La primera queja bajo el tratado comercial entre México, Estados unidos y Canadá ha tenido como protagonista a las mujeres. La organización Centro de los Derechos del Migrante (CND) ha presentado este martes el documento ante la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales.

En él, se recoge un análisis de los episodios de violencia vividos por las mujeres trabajadoras agrícolas que migran con una visa temporal hacia Estados Unidos para conseguir empleo en el campo.

La organización denuncia que se excluye a las mujeres de los reclutamientos para puestos en el campo por su sexo y las desvían hacia trabajos con salarios más bajos donde enfrentan violencia y abusos.

México, Estados Unidos y Canadá inauguraron una nueva etapa comercial el pasado julio con la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial conocido como Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) después de que el ex presidente Donald Trump pidiese renegociar el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esta primera queja acusa al Gobierno de Estados Unidos de no cumplir las leyes laborales contra la discriminación basada en sexo para las trabajadoras migrantes con visas de migración laboral temporal.

El CND ha documentado cómo “durante 15 años” el Gobierno de los EE UU ha permitido la “discriminación sistémica basada en sexo”. La organización asegura que los anuncios de trabajo para la visa H-2 en redes sociales y en las comunidades de todo México revelan una discriminación abierta basada en el sexo durante el proceso de contratación.

“La falta de supervisión del proceso de contratación permite a los empleadores estadounidenses eludir la responsabilidad de la diseminación de género”, reza el documento.

Adareli Ponce Hernández relata que desde la primera vez que fue a Estados Unidos hace 18 años la situación de discriminación hacia la mujer sigue siendo la misma.

Ponce salió a buscar trabajo entonces como secretaria en México y fue rechazada. “Tenemos forzosamente que salir a buscar trabajo porque vemos como están las cosas en nuestro país”, ha detallado en rueda de prensa.

Ella vivía en el estado de Hidalgo, dentro de una comunidad migrante donde los hombres migran para buscar ingresos con una visa H2 en trabajos agrícolas en Estados Unidos. Decidió hacer lo mismo. “Ahí empezó mi calvario. Los hombres no batallan nada, pero a nosotras nos señalan por ser mujeres y nos dicen que no podemos hacer ese trabajo”, ha detallado.

Como ella, cientos de miles de trabajadores migrantes cruzan la frontera cada año para trabajar con visas agrícolas H-2A y visas H-2B en industrias no agrícolas, como la construcción y el procesamiento de productos del mar. El 90% de las visas que se conceden se dan a ciudadanos mexicanos, pero menos del 10% del total son para mujeres, según el CDM.

“Debido a las prácticas discriminatorias de reclutamiento y contratación, las mujeres quedan en gran medida excluidas del acceso a estas visas”, denuncia la organización. En consecuencia, muchas quedan orilladas a desempeñar trabajos donde sufren abusos y violencia.

Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del CDM, ha destacado que la discriminación continúa creciendo en los programas de trabajo temporal. “Al no hacer cumplir sus leyes contra la discriminación, Estados Unidos está fomentando la inequidad de género. Los Gobiernos de México y Estados Unidos deben responder de manera rápida y significativa para demostrar que las protecciones laborales bajo el T-MEC no son sólo palabras en papel”, ha sentenciado.

La queja pide además que se adopten las medidas necesarias para abolir la segregación de las mujeres en los puestos del campo. Entre ellas, recomiendan hacer más accesible el canal de quejas para las trabajadoras en varios idiomas, investigar los lugares de trabajo para detectar casos de discriminación, así como facilitar el acceso a servicios legales para denunciar malas prácticas en el campo.

 

Del lado mexicano está el trabajo infantil

 

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, aseguró que se atenderá de fondo el problema del trabajo infantil en el sector agrícola en el contexto de las relaciones con la nueva administración estadunidense encabezada por Joe Biden.

Agregó que el gobierno realizará diversas acciones de política social para erradicarlo y no solo se llegará a los campos agrícolas con “el garrote”.

Al participar en la conferencia (virtual) del ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica, con el tema “Jornaler@s Agrícolas en Medio del Covid-19; ¿Cómo prevenir y atender a esta población vulnerable?”, afirmó que la STPS lleva a cabo una integración de acciones para erradicar el trabajo infantil y detectar las migraciones de familias campesinas.

Señaló que en el marco del T-MEC se realizarán acciones para identificar a las familias jornaleras que migran con niños y niñas a los campos agrícolas donde muchas veces carecen de infraestructura educativa y de salud, asimismo, se buscará integrar a los menores a programas de bienestar como son las becas para estudiantes pobres y que éstas sean un incentivo real para que los niños no tengan que trabajar y apoyar en el sustento familiar.

“Esto ha traído esta preocupación y necesidad de atender de fondo el problema de trabajo infantil, no solamente es prohibirlo, y hacer inspecciones y llegar con el garrote, sino atender la problemática de pobreza y de falta de infraestructura necesaria para que las familias que migran encuentren la posibilidad de que los niños sigan estudiando”, sostuvo.

La funcionaria dijo que en el marco del T-MEC, “no se trata de la inversión por la inversión, ya que en el tratado un tema fundamental es el laboral y si se quiere inversión, sí se abren las puertas para poder crecer y desarrollarnos, hay que ir de la mano de la protección de derechos laborales”.

Es de mencionar que el sector privado alertó en días recientes por posibles quejas de Estados Unidos en materia laboral en contra de México, específicamente en cuanto a trabajo infantil y forzado, ya que es un “tema de mayor riesgo en las próximas semanas” dentro del T-MEC.

 

El T-MEC podría agravar el trabajo infantil

 

El nuevo tratado comercial entre los tres países del norte de América: Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) incorpora un artículo para la erradicación del trabajo forzoso u obligatorio, tanto infantil como adulto, de tal forma que si uno de estos países detecta alguna mercancía procedente de esas prácticas debe impedir su importación y se establecen sanciones.

Este asunto no se mencionaba en los anteriores acuerdos comerciales suscritos y a primera vista supone, sobre el papel, un avance que saludan los expertos. Sin embargo, algunas organizaciones de defensa de la infancia consultadas muestran también esta preocupación: si se persigue el trabajo infantil sin implementar medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, así como una salida a la pobreza de sus familias, éstos buscarán otras vías para seguir trabajando y serán más peligrosas y esclavas. Los huecos que deja el Estado, dicen, los ocupará el crimen organizado.

“Buena parte de las desapariciones de niños y jóvenes que se registran en México están relacionadas con el trabajo esclavo en las minerías, en la siembra de marihuana, en los laboratorios clandestinos. En el caso de las niñas y adolescentes tiene que ver con la explotación sexual”, sostiene Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Pero hay mucho trabajo infantil ligado a la pobreza y se da en el ámbito familiar o comunitario y es ahí donde se corre el riesgo, dice, de que su persecución, en lugar de combatirlo con políticas sociales, “les aboque a opciones peligrosas”. “Eso ya ha pasado en otras ocasiones”, afirma Martín Pérez.

El siguiente elemento a tener en cuenta es la larga crisis que se avecina debido a la pandemia del coronavirus, que prevé un gran aumento de la pobreza en todo el país. “Esta crisis se traducirá en más trabajo precario, informal, menos ingresos y abandono escolar. El trabajo infantil va a emerger, no será tan visible, pero será patente en el ámbito rural”, añade el director de la Redim.

En México, donde está prohibido el empleo antes de los 15 años, hay 3.2 millones de personas entre cinco y 17 años haciendo lo que las organizaciones internacionales califican de trabajo infantil.

Supone un 11% de la población de estas edades. Un 6.4% se emplean en ocupaciones no permitidas por los acuerdos suscritos y un 4% están dedicados a labores domésticas no adecuadas para su edad, por el desempeño o por el horario intensivo.

Hay un porcentaje que realiza ambas tareas. Estos datos publicados en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son los últimos que se conocen. La política de austeridad impuesta por el actual Gobierno acabó con 14 encuestas, una de ella sobre trabajo infantil. “Logramos que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos la financiara y se elaboró en 2019, pero aún no tenemos los resultados”, prosigue Martín Pérez.

Nancy Ramírez, la directora de Incidencia Política de Save the Children, coincide en el peligro de que “el sector privado anule la mano de obra infantil, porque alguien que trabajaba en la venta, por ejemplo, puede acabar en manos de organizaciones criminales”.

Pero piensa que el tratado comercial es también “una vía que obliga a los exportadores a adecuar a los derechos humanos sus políticas laborales, tanto en niños como en adultos, y a detectarlo en sus cadenas de producción”. ¿Acaso un empresario no sabe qué manos fabrican la ropa, recogen la fruta o pegan con productos tóxicos las suelas de los zapatos que venden?

“No siempre”, asegura Ramírez, y pone como ejemplo el siguiente: “En la industria textil hay mucho trabajo que se desarrolla en los hogares a donde llegan cajas enteras de playeras para que les corten los hilitos tras su confección, por citar un caso. Y eso suele ir al peso, cuantas más playeras entreguen, más dinero reciben. Quién sabe cuántos niños y cuántas horas trabajan en esas casas”, dice.

El Gobierno ya trabaja para diseñar mecanismos que permitan a los empresarios identificar que su producción se hace de acuerdo a los requisitos impuestos ahora por el T-MEC y para otorgar un distintivo cuando esas condiciones se cumplan. “Para empezar, que reconozcan el trabajo infantil, el trabajo forzoso”, sigue Ramírez.