El Financiero / Forbes

 

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, autodenominado de la Cuarta Transformación (4T), logró el aval de los empresarios para restringir el outsourcing o subcontratación laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que se acordó con los líderes sindicales y el sector empresarial prohibir la subcontratación con fines de evadir el pago de impuestos y otras prestaciones de los trabajadores.

“Los acuerdos alcanzados comprenden la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante”, señaló la dependencia a cargo de Luis María Alcalde Luján, quien participó en la firma del pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Otro de los acuerdos es el registro ante la STPS y la inscripción a un padrón público de empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de 3 meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real, agregó la dependencia.

La entidad encargada de la agenda laboral de la 4T agregó que se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, con lo cual habrá dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

Dichos acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos, señaló la titular de la STPS.

Los acuerdos suscritos entre los líderes empresariales y sindicales con el presidente López Obrador serán entregados a la Cámara de Diputados para que su análisis y aprobación. 

En noviembre de 2020, el mandatario federal presentó una iniciativa para regular el outsourcing y erradicar sus abusos. 

Ante la falta de un acuerdo rápido, en diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tripartito para que a partir de ahí se discutiera con los sectores involucrados la iniciativa y los posibles efectos que traería en el reparto de utilidades.

Después de tres meses de diálogo en mesas de trabajo y foros se lograron atender las preocupaciones de los sectores en ambas materias.

Este lunes acudieron con el presidente López Obrador a Palacio Nacional los principales representantes de los sectores obrero y empresarial, funcionarios del gobierno de México, así como representantes del Poder Legislativo.

 

Asistieron representantes del sector empresarial

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin).

 

Por el sector obrero estuvieron presentes:

Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM)

Abel Domínguez Azuz, líder de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC)

Jesús González Cárdenas, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI)

Genaro Leal Cavazos, coordinador de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FTSA)

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)

Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) y también senador

Rodolfo González Guzmán, secretario general del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM)

Isaías González Cuevas, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Por parte del Poder Legislativo estuvieron los presidentes de las Juntas de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ignacio Mier Velazco, ambos líderes de las bancadas de Morena.

En la reunión estuvieron por parte del gobierno federal:

 

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal.

Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.

Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

 

Todos cedimos en pacto sobre outsourcing: IP

 

Luego del acuerdo tripartita para regular la subcontratación u outsourcing, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que para llegar a esto las tres áreas tuvieron que ceder para que el país no perdiera competitividad laboral.

El presidente del organismo, José Medina Mora, comentó que la iniciativa presidencial hecha en noviembre del 2020 establecía la prohibición de la subcontratación; sin embargo, será permitida y con esto las empresas podrán tener flexibilidad.

Explicó que algunas empresas ya se están preparando y en abril se discutirá en la Cámara de Diputados y Senadores; para mayo, la Secretaría del Trabajo publicará los lineamientos y se tendrán tres meses para implementarse, “es decir, junio, julio y agosto y entrará en vigor en septiembre”.

Ante esto, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) aseguró que esto afectará y generará mayores costos para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Lo vemos más complicado para las Pymes, pues lo van a tener desde dos perspectivas, uno es lo que verán de sus proveedores y las empresas les van a demandar información; tenemos que ver cómo les ayudamos”, aseveró el presidente del organismo, Rodrigo Fernández Martínez.

Indicó que preocupa las sanciones que puedan existir y que esto propicie corrupción. En tanto el director general, Guillermo Dillon Montaña, dijo que ya analizan un acompañamiento a las Pymes para que sobrelleven las regulaciones. Asimismo, la firma especializada en recursos humanos, ManpowerGroup, estima que con el acuerdo más de 3 millones de trabajadores perderán oportunidades laborales y solo un millón podrá ser contratado.

Un análisis de la firma, basado en los 4 millones 600 mil empleos subcontratados del país, arrojó que con las intenciones de contratación de las empresas, 30 por ciento de los subcontratados podrán ser empleados de base, 60 por ciento pasará a esquemas sin seguridad social y 10 por ciento se perderá o pasará a esquemas de evasión o informales. Refirió que si bien el acuerdo brinda un panorama más claro para la contratación y la generación del empleo, prohibir la actividad no evitará las malas prácticas de contratación.

Además, las contrataciones semi-informales generarán el cumplimiento con el pago de impuestos, pero alejará la seguridad social y prestaciones.

 

El acuerdo costará más a pymes: Caintra

 

El acuerdo al que se llegó el pasado lunes sobre la subcontratación, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) aseguró que los cambios afectarán y generarán mayores costos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

“Vemos más bien una carga burocrática adicional, que no lo vemos positivo, lo vemos con preocupación, porque cuando es una empresa grande, es menos problemático, pero una empresa que tiene menos de 10 empleados, pues no va a ser fácil que le puedan dedicar el tiempo”, aseveró el presidente del organismo, Rodrigo Fernández Martínez. 

En videoconferencia de prensa indicó que preocupa las sanciones que puedan existir, y que esto pueda propiciar corrupción en las auditorias. “Vemos más preocupaciones, más que cosas positivas, sí vemos positivo que quien no esté haciendo las cosas bien que la haga de mejor forma, pero no creemos que esta sea la forma de hacerlo”.

En tanto el director general de Caintra, Guillermo Dillon Montaña, dijo que ya se encuentran analizado un acompañamiento a las pymes para que estas puedan sobrellevar las nuevas regulaciones. “Como Caintra estamos muy atentos a buscar acompañar y buscar soluciones para este gran reto que esta implementación implica para las Pymes socias de Caintra, entonces ya estamos con el mandato del consejo directivo volcados para ver cómo encontramos mecanismos de acompañamiento y no sea una carga para ellos”, dijo.