Se perfila el término de la prisión preventiva para Robles, mientras que Javier Duarte estará en posibilidades de pedir la libertad condicional, pero ¿cuáles son las circunstancias de cada caso?

“La Estafa Maestra se redujo a una persona y no se investiga a toda una red de corrupción”,

Adriana Greaves, cofundadora de Tojil 

Expansión Política 

Rosario Robles Berlanga y Javier Duarte de Ochoa tienen varias cosas en común: la exsecretaria de Estado y el exgobernador de Veracruz fueron respaldados por el entonces presidente Enrique Peña Nieto; ambos se encuentran en prisión por delitos de corrupción y ahora están en posibilidades de obtener su libertad condicional.

Pero al mismo tiempo, sus casos, tanto en las acusaciones como en el proceso penal, son muy diferentes. Mientras Javier Duarte tiene una declaratoria de culpabilidad y una sentencia, Rosario Robles permanece en prisión preventiva y sin enfrentar un juicio.

Te explicamos cuáles son las circunstancias de cada uno, y para ello Expansión Política consultó a Tojil, la organización civil que en su momento presentó denuncias contra ambos personajes.

 

ROSARIO ROBLES, EN PRISIÓN PREVENTIVA Y CON AMPARO

 

Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Peña Nieto, lleva más de dos años en prisión preventiva por el caso de la Estafa Maestra, y después de presentar varios amparos, por fin ganó uno que podría ayudarla a seguir su proceso en libertad.

El delito del que se le acusa a Rosario Robles es ejercicio indebido del servicio público, que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, el juez del caso dictó esta medida cautelar por inconsistencias identificadas en el domicilio que notificaba la exfuncionaria.

“La Fiscalía General de la República, para intentar comprobar su culpabilidad, justificó que podría darse a la fuga, y esto lo hace con base en las dos direcciones que aparecían en sus identificaciones oficiales. Eso podía tomarse como que ella no quería dar su dirección real, y con ese elemento el juez de control decide que sí hay un riesgo inminente de fuga”, explica Adriana Greaves, cofundadora de Tojil.

La abogada puntualiza que la prisión preventiva no es una sentencia, sino una medida privativa de la libertad para una persona que enfrenta un proceso penal. Y la semana pasada, Rosario Robles ganó un amparo en contra de esa medida.

El Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito concedió el amparo a la exsecretaria, resolviendo que el juez de control cometió violaciones constitucionales al dictarle prisión preventiva, pues no existía una causa fundada o motivada con relación al o los delitos que se le imputan.

En la sentencia se ordena realizar una nueva audiencia, que de hecho está programada para este 20 de octubre, en la que se determinará si es procedente que Rosario Robles pueda continuar con su proceso en libertad y con otras medidas cautelares.

“Al ganar ese amparo, quiere decir que hay posibilidades de que le retiren esa medida cautelar; es decir, Robles va a poder salir y llevar su proceso penal en libertad, pero nada de esto influye en el fondo, porque seguirá sujeta al proceso penal y seguir siendo juzgada por los hechos que se le imputaron, como la omisión de verificar las firmas de los contratos (en la trama de la Estafa Maestra)”, agrega Greaves.

La abogada y activista menciona que el delito de corrupción que se le imputa a Robles, la única exfuncionaria de alto nivel imputada por la Estafa Maestra, se reduce solamente a la omisión de verificar los convenios que en su momento firmó desde la Sedesol y la Sedatu con proveedores de servicios, una omisión bajo la cual se desviaron más de 5,000 millones de pesos.

El amparo podría anular la prisión preventiva solo por este delito, pero cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Robles. Se trata de un caso distinto, pero que también tiene que ver con la Estafa Maestra, por supuestos malos manejos por más de 77 millones de pesos.

 

JAVIER DUARTE, CON SENTENCIA DE CULPABILIDAD

 

El caso del exgobernador de Veracruz es totalmente distinto. En septiembre de 2018, más de un año después de su detención, Javier Duarte se declaró culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, el expriista recibió una condena de nueve años de prisión, menor a la originalmente prevista, se le impuso una multa por 58,890 pesos y se le decomisaron 41 propiedades. Con la declaratoria de culpabilidad, Duarte de Ochoa tuvo un procedimiento abreviado, ya no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy fiscalía), y le dieron una sentencia baja.

Al día de hoy, el veracruzano ya cumplió la mitad de su sentencia, por lo que se espera que en los próximos días solicite a un juez la libertad condicional.

“Recordemos que Javier Duarte fue extraditado desde Guatemala, entonces, desde ahí, el tiempo de su sentencia empezó a correr. La Ley de Ejecución habla de algo que se llama los ‘beneficios de liberación’, que básicamente es poder cumplir en libertad el resto de la condena cuando se cumplen ciertos requisitos, y eso tampoco quiere decir que se le exime de su responsabilidad”, explica Adriana Greaves.

Entre los requisitos que menciona la abogada, además de llevar la mitad de la sentencia en prisión, están: tener buena conducta, haber realizado el plan de actividades del centro penitenciario y que cumpliera con la reparación del daño.

Greaves recuerda que, cuando Javier Duarte se declaró culpable, no le fue impuesta una reparación del daño, porque ante la autoridad, al tratarse de delitos de corrupción, no hay una víctima y ese requisito lo tiene cubierto. En lo que respecta a la buena conducta y al cumplimiento del plan de actividades, no hay pruebas de ello.

Otra ventaja para el exgobernador es que, a diferencia de Rosario Robles, él no está sujeto a otro proceso penal, al menos no del conocimiento público, lo cual podría ser un obstáculo para salir de prisión.

Sin embargo, la abogada comenta que la Fiscalía General del estado de Veracruz sí lo estaba investigando por un delito de corrupción local. Si esa u otra indagatoria siguen vigentes, estaría sujeto a un nuevo proceso penal.

“Además, recordemos que Duarte tiene una orden de aprehensión por un delito de desaparición forzada. Entonces, que le conozcamos públicamente, podría tener por lo menos dos procesos penales independientes a este sobre el cual se le sancionó”, dice.

Por otro lado, un amparo presentado por el propio Javier Duarte es el que podría mantenerlo en prisión. Cuando el exgobernador se declaró culpable y se le dictó una sentencia de nueve años, a través del procedimiento abreviado, quedó limitada su posibilidad de presentar un recurso de apelación.

“Cuando a Duarte le pregunta si va presentar un recurso de apelación, él dijo ‘no, no voy a presentar un recurso de apelación’, y posteriormente, en un acto que podría decirse insólito y fuera de la ley, el juez le dice que tiene que ratificar el desistimiento de presentar una apelación. Hoy en día, ese tema está debatiéndose y podría derivar, a criterio del Juez de control, que Duarte salga en libertad.

“El juez podría interpretar que hay una cuestión del proceso que todavía no se ha definido. Cuando Duarte y sus abogados le pidan al juez la liberación condicional, el juez de ejecución de sanciones podría tomar en consideración el amparo y decir que todavía no puede dejarlo ir”, expone Graves.

 

“LA BANDERA CONTRA LA CORRUPCIÓN ES UNA FARSA”

 

La cofundadora de Tojil considera que la posible libertad condicional de Robles y de Duarte dan un claro mensaje político y social: “la bandera de que este gobierno lucha contra la corrupción es simplemente una farsa”.

En el caso de la Estafa Maestra hay impunidad, porque hasta este día no se ha seguido investigando a los otros implicados ni se sabe dónde terminó todo el dinero desviado.

Mientras que en el caso de Duarte, dice la abogada, estuvo lleno irregularidades de principio a fin: desde la reclasificación jurídica de los delitos, lo que le permitió un procedimiento abreviado, hasta darle la posibilidad de quedar libre sin reparar el daño.

“El mensaje que estás mandando como Estado es que, en este país, el peor escenario es que cumplas uno que otro año en prisión y vas a salir siendo un hombre rico, porque no te van a obligar a regresar el dinero que desviaste. Tampoco hay un verdadero esclarecimiento ni se reconoce a los ciudadanos como víctimas de corrupción”, enfatiza.