BBC / EFE / AFP

Las críticas contra la Asamblea Legislativa y el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, como resultado de la destitución de magistrados del Supremo y del fiscal general continuaron este martes, mientras se espera que en la segunda sesión plenaria del Congreso, convocada para el miércoles, se tomarán más decisiones polémicas.

Las primeras reacciones, por parte de organizaciones sociales y gremios sindicales llegaron el propio sábado y el domingo con manifestaciones en varios puntos de la capital, San Salvador, luego que el parlamento unicameral, electo en febrero, tomara la decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general Raúl Melara, una acción considerada un golpe al sistema de separación de poderes y criticada con dureza por actores de la comunidad internacional.

En medio de esta situación, el presidente del legislativo, Ernesto Castro, convocó para este miércoles a una segunda sesión plenaria en la cual, según algunas publicaciones de diputados oficialistas en redes sociales, se podría buscar la destitución del procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas.

Con todos ellos -y con los magistrados y el fiscal- el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año, a propósito de la adopción de medidas sobre el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, la apertura de los archivos militares de la masacre de El Mozote (1981, rechazado por el Bukele), y la aprobación de más fondos para planes gubernamentales, como el de “control territorial”, de seguridad.

El partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda y del cual, en su día emergió el ahora presidente), con minoría en la Asamblea Legislativa, señaló que la destitución de los magistrados es un “golpe sin precedente a la democracia” del país”.

“Representa uno de los más graves atentados contra el sistema constitucional y sumerge al país en una alarmante crisis política y jurídica que amenaza con más abusos, violaciones, excesos, impunidad y persecución política en El Salvador”, indicó el FMLN en un comunicado.

Entretanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó sobre lo que consideró una “alarmante tendencia hacia la concentración de poderes” en El Salvador, después de los hechos del sábado y abundó que las recientes destituciones “socavan gravemente la democracia y el estado de derecho”, al debilitar la separación de poderes, agregó Bachelet.

La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hizo este martes un llamamiento al “respeto al Estado de derecho, la independencia judicial y a la separación de poderes” en El Salvador.

“Hacemos un llamamiento al respeto al Estado de derecho, a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios fundamentales para España, pero también para un país amigo como es El Salvador”, aseguró la ministra, quien sigue “atenta” los acontecimientos en el país centroamericano.

Y como colofón, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, consideró que el gobierno de Joe Biden debe responder a las destituciones de jueces y del fiscal general.

De hecho, el encargado de negocios de Estados Unidos y jefe de la misión diplomática en El Salvador, Brendan O’Brien, no atendió el llamado del presidente Nayib Bukele a una reunión con otros embajadores en la cual trató de justificar las destituciones del sábado.

“Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la corte de mayor instancia de la nación”, apuntó la vicepresidenta Harris.

“Un sistema judicial independiente es crítico para lograr una democracia sana y una economía fuerte. En este frente, en cada frente, debemos responder”.

El pronunciamiento de la vicepresidenta estadounidense es el de mayor nivel hecho por la diplomacia de su país en los últimos días, en los que ya se han pronunciado varios organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, para exigir a la Asamblea oficialista que revierta su decisión y devuelva la separación de poderes y la democracia al país.

 

Bukele da su versión sobre los hechos en la Asamblea

 

El presidente Bukele se reunió el martes con el cuerpo de representantes diplomáticos de la ONU, OEA y la Unión Europea para dar su versión sobre las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general. El encargado de la embajada de Estados Unidos no participó.

Bukele mostró su asombro por las condenas internacionales que lo calificaron como un grave golpe a la democracia.

“Hubo condenas sobre lo que pasó el sábado, y me parece extrañísimo de verdad, no nos esperamos en ningún momento una condena internacional, y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar”, dijo el mandatario.

Además, los acusó de estar malinformando a sus países y les cuestionó de qué lado están. “¿De qué lado están? De la oposición, del FMLN, que ganó solo cuatro diputados”, preguntó Bukele a los diplomáticos.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en El Salvador y ante el SICA, Andreu Bassols, aseguró que no se ha reunido con la oposición pero que fue “chocante” ver como destituyeron a los magistrados sin trámites previos y sin que pudieran “decir absolutamente nada”.

La respuesta de los jueces destituidos

 

“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”.

Así se pronunció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, cuyos magistrados fueron destituidos este sábado tras una votación en el Congreso que ahora controla por mayoría el partido Nuevas Ideas del presidente del país, Nayib Bukele.

La polémica votación provocó un torrente de condenas nacionales e internacionales del más alto nivel por quienes consideran que la decisión atenta contra la independencia de poderes de los órganos del Estado y carece de respaldo legal.

Entre otras críticas destacó la del gobierno de Estados Unidos, principal socio comercial de El Salvador, que ya se comunicó con el presidente Bukele para expresarle sus “serias preocupaciones” sobre lo sucedido.

“Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, respondió firme el mandatario salvadoreño a las declaraciones de la comunidad internacional.

Bukele tuvo públicos enfrentamientos con los magistrados de la CSJ después de que resolvieran recursos en contra de algunas medidas que él intentó adoptar durante la pandemia. En abril del año pasado, por ejemplo, llegó a anunciar que no acataría una sentencia relativa a los confinamientos forzosos para quienes no cumplían la cuarentena.

Pero este sábado, el presidente salvadoreño defendió la votación de los diputados apuntando al artículo 186 de la Constitución salvadoreña que contempla que la Asamblea Legislativa puede destituir a los magistrados “por causas específicas, previamente establecidas por la ley” si la iniciativa cuenta con el apoyo de dos tercios de los diputados.

Los congresistas que apoyaron la destitución, que fue aprobada por mayoría absoluta (64 de 84 votaron a favor, incluyendo a todos los diputados del partido de Bukele y de otras formaciones aliadas), aseguraron que los magistrados “actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares sobre la salud y la vida de toda la población”.

Del mismo modo, aprobaron destituir al fiscal general, Raúl Melara, de quien dijeron que tiene “vínculos” con el partido opositor Arena que pondrían en tela de juicio su independencia, aseguraron.

Bukele también mantuvo diversos encontronazos con Melara a raíz de sus decisiones al frente de la Fiscalía, muchos de ellos públicos entre ambos a través de Twitter.

 

¿Qué dijeron la Sala de lo Constitucional y el fiscal general sobre sus destituciones?

 

Tras la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución para declarar la destitución de sus magistrados “inconstitucional, debido a que viola la independencia judicial”.

El organismo argumentó que “con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo”, la decisión de los diputados “incide negativamente en el control del ejercicio del poder” que efectúa la Sala de lo Constitucional.

La Sala aseguró que la destitución “no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla”, e incluso si hubiese contado con un proceso previo, “afecta la dimensión externa de dicho principio formal, que exige la ausencia de presiones por parte de los demás órganos del Estado”.

“La falta de beneplácito del órgano Ejecutivo no es razón para destituir a jueces constitucionales, a la vez que constituye un factor disuasorio futuro para cualquier otra conformación de esta sala, es decir, una coacción”, se lee en el texto.

Pese a esta resolución, los diputados eligieron la misma noche del sábado a cinco magistrados sustitutos y al nuevo fiscal, quienes custodiados por agentes policiales ingresaron a las instalaciones de la CSJ y al edificio del Ministerio Público, respectivamente.

“En realidad ya estaban destituidos cuando emitieron esa resolución (que además no tiene ni firmas, ni sellos, ni comunicación oficial)”, tuiteó Bukele para restar importancia al posicionamiento de la Sala de lo Constitucional.

Horas después, Aldo Cader Camilot y Marina Marenco de Torrento —dos de los magistrados de la CSJ destituidos— publicaron sus cartas de renuncia en las que aseguraron que nunca han estado vinculado ni han respondido a intereses de ningún partido político o de algún poder económico.

En la tarde del domingo, las redes sociales de la Sala de lo Constitucional y de la CSJ mostraron ya sus primeros cambios al eliminar la resolución de los magistrados destituidos y publicar una primera foto de los cinco nuevos titulares.

En la noche del domingo, el destituido Raúl Melara dijo que su expulsión fue “inconstitucional” y “carece de validez jurídica”, pero también anunció su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general por “el bienestar de su familia” y por no poder contar “con las garantías necesarias” para ejercer.

“He tenido una larga trayectoria jurídica que evidencia mi honestidad y capacidad”, dijo en un comunicado para rechazar los señalamientos en su contra.

Además, aseguró que durante su trabajo como fiscal demostró la “objetividad y probidad que requiere dicho cargo”, que realizó sus labores “de representante de los intereses del Estado y de la sociedad, siempre apegado al Derecho” y que durante su gestión se procesó a las personas “sin importar ningún interés”.