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Aunque existen los insumos para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), este podría encontrarse con diversos retos, principalmente, la heterogeneidad de los procesos de tratamiento de información forense por parte de los Semefos y la diversidad de los criterios de los agentes del ministerio público para sistematizar los datos recabados tras el hallazgo de una fosa. Al año pasado solo había 49 agencias del Ministerio Público especializadas en atención de desaparecidos en sólo 19 entidades. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas debe estar conformado por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Registro Administrativo de Detenciones; Alerta Ámber; el Protocolo Homologado de Búsqueda; protocolos de investigación y en materia forense; entre otros registros. Para el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) uno de los principales problemas es que las autoridades no han logrado diseñar políticas que sirvan para identificar factores de riesgo en las localidades, así como prácticas de búsqueda e investigación, o la creación de perfiles comunes en hechos ligados. Durante la presentación del segundo fascículo del proyecto ¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias?, Francisco Rivas, director del ONC, destacó que la falta de interés y coordinación entre las autoridades federales y locales evidencia el fracaso institucional de las políticas contra las desapariciones.