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Este jueves se dio a conocer que magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal ratificaron el amparo otorgado a José María Sosa Álvarez “Chema”, en contra del homicidio de Paulina Camargo Limón, que las autoridades locales le imputan como el principal sospechoso del caso, tras considerar que no hay elementos suficientes para demostrar su culpabilidad. Este fallo ha generado una fuerte polémica y enfrentamiento entre las familias de la víctima como del acusado, ya que en el citado amparo se solicita la liberación del inculpado al no haber delito que perseguir, situación que también tiene confrontada a las autoridades locales, luego de que la propia Fiscalía General del Estado (FGE), salió a decir que pese a ese amparo, Sosa Álvarez no podrá recobrar su libertad, pues existen pruebas suficientes para su retención y señalarlo como el principal responsable de la desaparición y probable muerte de la joven que estaba con cinco meses de embarazo. De esta manera magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal no sólo fallaron a favor del joven encarcelado, sino que también ratificaron el citado amparo, al considerar que no existen pruebas suficientes para que las autoridades locales puedan demostrar que él es el verdadero responsable de la desaparición y probable muerte de la joven Camargo, que fue vista por última vez con vida el pasado 25 de agosto de 2015.

Sin embargo, cabe recalcar que este fallo estaría obligando al juez que lleva el caso a decretar el auto de libertad a “Chema” o, de lo contrario, a aportar nuevas pruebas que demuestren que sí cometió el asesinato de la joven. En los argumentos que exponen los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado es que el juez que lleva el caso ha caído en múltiples inconsistencias, esencialmente en las que tiene que ver con la reclasificación del delito en varias ocasiones. Por otra parte, y de manera muy breve la defensa indicó que no ante el temor “fundado” de que la FGE pueda “fabricarle otro delito” a su cliente, ya procedieron a interponer un amparo para suspender cualquier acto ministerial, mediante el cual puedan girar una nueva orden de aprehensión en su contra, pues se dice que corren rumores de que ahora buscan fincarle el delito de secuestro.