El próximo 1 de agosto se realizará la primera consulta popular en México, ejercicio impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el Instituto Nacional Electoral

Expansión Política/El Economista 

El 1 de agosto se realizará la primera consulta popular en México, donde se le preguntará a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la posibilidad de abrir procesos penales en contra de gobernantes del pasado.

Los impulsores del ejercicio tienen el reto reto de lograr una participación del 40% para que sea vinculante, y de esto se puede derivar la formación de una Comisión de la Verdad por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estos indarán –si se alcanza el porcentaje– los delitos de los expresidentes desde 1988: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Este ejercicio fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Qué investigaciones podrían llevarse a cabo y de qué se les acusa. Esto es lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones y ciudadanos que demandan enjuiciar a los exmandatarios federales:

 

CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994)

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Salinas de Gortari de haber entregado durante su gobierno todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados.

Además, el mandatario señala que el expresidente debe ser enjuiciado debido a que durante su administración la desigualdad en México se profundizó, pues –dijo– en su sexenio crecieron más las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.

Los impulsores de la consulta también le han atribuido el fraude electoral de 1988: Salinas de Gortari fue declarado ganador, luego de que el sistema de conteo de votos se “cayó” durante horas.

ERNESTO ZEDILLO (1994-2000)

 

Según López Obrador, el expresidente Zedillo debe ser juzgado “porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”.

Al expriista se le acusa de haber sido quien privatizó bienes nacionales como los Ferrocarriles, de aprobar la conversión de deudas privadas a públicas, las cuales ascendieron a un monto de 552,000 millones de pesos, en el marco del “rescate bancario” de 1998, llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Las personas que promueven la consulta señalan que Zedillo debe ser investigado por crímenes lesa humanidad y responder por la matanza de Acteal, donde 45 indígenas murieron en 1997.

El 7 de julio pasado, López Obrador también dijo que Zedillo podía ser investigado y enjuiciado por las masacres de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde 17 campesinos fueron asesinados y 14 resultaron heridos; así como por la matanza de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998, cuando militares agredieron a un grupo de indígenas (11 personas fallecieron).

 

VICENTE FOX (2000-2006)

López Obrador asevera que al primer presidente de oposición se le debe juzgar por haber intervenido en el proceso electoral del 2006.

 

El expresidente Vicente Fox también es acusado de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales , presuntamente cometidas en contra de miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

 

 

 

 

 

FELIPE CALDERÓN (2006-2012)

 

López Obrador ha considerado que Calderón debe ser llevado a juicio por su estrategia militar para combatir la inseguridad, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictiva.

Además, –agrega el presidente– porque no hizo nada frente a los señalamientos de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es acusado en Estados Unidos de ser cómplice de grupos dedicados al narcotráfico.

Quienes apoyan y promueven la consulta, demandan además que Calderón sea enjuiciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en su sexenio, por ser el principal responsable de la política pública de la “guerra” contra el narcotráfico.

En 2019, Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extraoficiales presuntamente cometidas en 2007.

 

ENRIQUE PEÑA NIETO (2012-2018)

 

López Obrador ha propuesto enjuiciar a Peña Nieto por corrupción. De acuerdo con el presidente, en la campaña presidencial del político mexiquense se aportaron grandes cantidades de dinero de procedencia irregular, sin que –acusó– hubiera consecuencias legales o que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara la elección.

El presidente insiste además en que las recientes denuncias del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin también señalan que parte del dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.

Organizaciones como el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, el Frente Popular Revolucionario (FPR) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) insisten en que Peña Nieto debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres en Atenco —derivado de un enfrentamiento entre pobladores y elementos de la Policía Federal en 2006—; Tlatlaya —22 civiles fueron ejecutados presuntamente por militares— y Tanhuato —42 civiles murieron durante un supuesto enfrentamiento entre elementos de la policía federal y presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación— .

 

PREGUNTA FORMULADA

 

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, fue la pregunta formulada por el mandatario mexicano en su solicitud para convocar a consulta popular que presentó ante la Cámara de Senadores el 15 de septiembre del año pasado.

Reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta que estará en la boleta diseñada por el INE es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

El INE solicitó originalmente la asignación de un presupuesto por 1,499 millones de pesos para la organización de todo el ejercicio democrático, que por primera vez habrá de realizarse a nivel federal en México, e instalación de poco más de 104,000 casillas; ante la negativa, el órgano autónomo ajustó su petición a 890 millones de pesos y a 91,000 el número de casillas a instalar.

“La consulta se va a realizar en una cantidad menor, significativamente menor de centros de votación que de las casillas que se instalaron en la elección constitucional del 6 de junio. Esto obedece a dos razones, principalmente a que el dinero lo estamos sacando de exprimir lo que podemos del presupuesto ya aprobado porque no se nos autorizó, no se nos dio un centavo más para la realización de la consulta”, explicó Espadas Ancona.

Pero se sacará provecho, aseguró, “para poder hacer esto adecuadamente, de que la votación es mucho más sencilla que la votación en la elección constitucional; es decir, se trata de una sola boleta con nada más dos opciones (sí o no)”.

 

RESULTADO ES VINCULANTE SI PARTICIPAN 37.5 MILLONES DE CIUDADANOS

 

La Constitución establece que el resultado de la Consulta Popular “será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes” si la participación total equivale, mínimo, a 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, que a la fecha equivaldría a unos 37.5 millones de ciudadanos.

Las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto, ordena también el Artículo 35 constitucional sobre los derechos de la ciudadanía.

La Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 referido, regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular y tiene la finalidad de promover la participación ciudadana en las consultas populares.

Es un derecho de la ciudadanía “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”, precisa la citada fracción VIII.

Las consultas populares son convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, y por al menos 2% ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores.

 

CONSULTA COSTARÁ 528 MILLONES DE PESOS

 

La organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto, en la que los ciudadanos decidirán si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas costará, aproximadamente, 528 millones de pesos, informaron Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se instalarán entre 50,000 y 59,000 mesas receptoras de la consulta popular para la admisión de la opinión de la ciudadanía, explicó la consejera electoral.

Mientras que Espadas Ancona comentó que el proceso de consulta iniciará formalmente el 15 de julio, lo que implica que toda la organización tiene que quedar lista antes de esa fecha.

“No es una competencia interpartidista, es la idea. Es simplemente la difusión de lo que se va a decidir entre los consultados, esa es la prescripción legal”, dijo en entrevista con El Economista el consejero del INE.

Casi 94 millones de electores podrán ejercer su prerrogativa ciudadana y participar en la consulta popular en puerta, convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.