Por: Eduardo Sánchez

Puebla es una de las entidades con más rezago en materia de violencia política contra mujeres, ya que carece de mecanismos de prevención y erradicación, así como de una ley que castigue a los agresores. Esto ha colocado al estado en los primeros lugares de violencia. La entidad poblana se encuentra en cuarto lugar a nivel nacional con más casos de violencia política, luego de que se registraran un total de siete casos en 2016, de acuerdo con el Informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Cabe mencionar que, a mitad de ese año entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Por encima de Puebla, se encuentran Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13 y Oaxaca con ocho. De acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, todas aquellas acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, que tengan por anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público, son consideradas violencia política contra las mujeres.

Veracruz, Tabasco y Tlaxcala piden tomar cartas en el asunto

En el marco del Foro de Violencia Política contra las Mujeres, celebrado en el Tecnológico de Monterrey en Puebla, consejeras estatales de Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Guerrero y Puebla, pidieron tipificar a nivel nacional la violencia política de género como delito. Eva Barrientos Zepeda, consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, destacó que Veracruz sí cuenta con mecanismos para la prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres al contar con la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, integrada en el Organismo Público Local Electoral. Bajo este marco, sólo hay tres estados en todo el país que no cuentan con una legislación en materia de violencia política, estos son Puebla, Guerrero e Hidalgo, según información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En un diagnóstico de participación equilibrada de mujeres y hombres en procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales de la CNDH, se evidenció que Puebla no contempla ni en la Constitución estatal, ni en la Ley Electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal, la violencia de género. En contraste, a nivel nacional, son 18 los estados que incluyen la violencia política, 21 en la ley general de acceso y sólo cuatro en el Código Penal. Actores como el ex titular de la Fepade, Santiago Nieto, declaró que es necesaria la tipificación del delito para combatir eficazmente los casos ocurridos en Puebla. Esto, en el marco de su conferencia de “Corrupción en los procesos electorales” impartida en ITESM, en días pasados.

Nieto recordó que, uno de los casos más importantes en Puebla, fue el del presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, quien llevó a cabo actos de misoginia contra de las regidoras Ruth Rodríguez Huerta y Ruth Zárate Domínguez.

 

Violencia política a mujeres es por sexualidad: Odesyr Vianey Rojas Arenas, integrante del Observatorio Ciudadano de Derecho Sexuales y Reproductivos AC en Puebla (Odesyr), declaró en rueda de prensa que la violencia política contra las mujeres tiene una connotación sexual. Señaló que estas agresiones podrían suscitarse durante las próximas elecciones, puesto que la vida íntima de las mujeres y su sexualidad, son los temas con los que más se busca violentar los derechos.

 

CÓMO IDENTIFICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

  1. El acto u omisión se dirige a una mujer por ser mujer, tiene un impacto diferenciado y/o afecta desproporcionadamente a las mujeres.
  2. El acto u omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
  3. Se da en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, o bien en el ejercicio de un cargo público (sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etcétera; tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política).
  4. El acto u omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico.
  5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas.