En los transitorios se señala que el decreto se convertirá en una iniciativa de ley que el presidente enviará con carácter de estudio prioritario a los diputados

Animal Político

El gobierno publicó en el Diario Oficial el decreto de medidas de austeridad en las que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ‘propone’ que “de forma voluntaria” se reduzca el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. En el documento, el presidente refiere que “de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia, y ante la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas”. La primera de ellas, es que “no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal; de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva”.

En la parte final del decreto, en los transitorios, se señala que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Aunque en el segundo punto se menciona que el decreto se convertirá en una iniciativa de ley “que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata a la H. Cámara de Diputados”. El abogado de la UNAM, Javier Martín Reyes, criticó en redes sociales que se trata de un “decreto-no-decreto”, un discurso del presidente publicado en el Diario Oficial, “un decreto que en realidad ‘propone’ medidas que luego serán incluidas en una iniciativa de ley”. El pasado 5 de abril, el presidente dijo que había hecho una consulta y había un consenso para que en medio de la crisis por la pandemia bajaran los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores, hasta el del presidente de la República. Sin embargo un día después al menos tres directores de distinta instituciones federales afirmaron que conocieron la decisión hasta que López Obrador hizo el anuncio.

Otros de los puntos que aparecen en el Decreto son: — Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. El concepto de alto funcionario público aplica de Subdirector hasta Presidente. — No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye a lo supuestamente comprometido. —Se cancelan diez subsecretarías-aunque no se especifica cuáles-, y se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. — Se extenderá hasta el 1o de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus. — Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público o aquéllas que son esenciales para el bienestar del pueblo.

En este periodo, se hará un esfuerzo de reubicación de servidores públicos en función de lo prioritario, con el fin de dejar de rentar edificios, vehículos, bodegas e inmuebles, entre otros ahorros. — Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas prioritarios: — “La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”. Función Pública vigilará decreto presidencial de austeridad La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que vigilará la reducción del 75% de los gastos de operación y servicios generales, así como la eliminación de los no indispensables y que no afectan las funciones sustantivas del gobierno federal. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, este monto es de 134 mil 396 millones 542 mil 714 pesos. A través de un comunicado, la SFP explicó que los recursos liberados se reorientarán a la atención “de la crisis económica mundial derivada de las políticas neoliberales”.

La Función Pública indicó que los Órganos Internos de Control (OIC) vigilarán y acompañarán la aplicación de estas medidas para que se realicen sin afectar la operación sustantiva de las dependencias y entes del gobierno federal y no se incurra en el despido de personal. La SFP también se asegurará de que los fondos de los fideicomisos públicos no se utilicen sin la autorización e la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con el decreto presidencial, solo están exceptuadas de las medidas las instituciones de Salud, Defensa, Marina y Guardia Nacional, que tienen tareas de atención a la emergencia sanitaria.