Por: Renata Vázquez y Staff de Exclusivas Puebla

El pasado 9 de enero de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, admitió a trámite, la demanda de controversia Constitucional designándole como número de expediente el 4/2018, y la cual fue promovida por el municipio de San Pedro Cholula, por conducto de su síndico municipal, Esperanza Estela Chilaca Muñoz, la cual demanda: “la inconstitucional entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, realizada mediante decreto de fecha 14 de diciembre de 2017, norma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre de ese mismo año”, misma que viola flagrantemente la llamada “autonomía” del municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
Dicha controversia constitucional se promovió en contra de la Cámara de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo Federal y del director del Diario Oficial de la Federación.
Hasta ese momento todo pintaba bien para dicho municipio y para que su alcalde lograra colocarse en el escenario nacional como uno de los primeros en impugnar esa Ley, por violar los derechos de su municipio, asunto que incluso el mismo edil difundió con medios nacionales.
Sin embargo, al momento de solicitar la suspensión de la citada Ley, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que revisó el documento, se topó con un párrafo inexplicable e ilegible, pues en este se transcribe textualmente: “…PARA EFECTOS DE QUE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, POR SI O POR CONDUCTO DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, CONTINÚE PRESTANDO EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y SE ABSTENGAN LAS AUTORIDADES DEMANDADAS  DE APLICAR LA ILEGAL FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 12 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA…”.
Por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó: “… no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud de suspensión.”, lo que significa que es rechazada la solicitud presentada por las autoridades del municipio de San Pedro Cholula para que en el caso específico de la Ley de Seguridad Interna no sea aplicada en esa demarcación, por no dejar en claro la materia impugnada, al olvidar borrar el texto de su machote anterior por lo que se advierte que la medida cautelar requerida no guarda relación alguna con la norma general impugnada.
Lo anterior en razón de que la fracción VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, daba la facultad al Estado para la privatización del agua, fracción que, por cierto, ya fue derogada en marzo del año pasado.
Por lo que se desprende que tanto Ignacio Molina Huerta, Secretario General, así como su Síndico, Esperanza Estela Chilaca Muñoz y el propio alcalde de San Pedro Cholula, tienen que ponerse a estudiar y dejar a un lado los formatos de amparo  (mejor conocidos como machote) que, en su momento, le funcionaron para acaparar reflectores y, con ello, evitar poner en el mapa nacional a dicho municipio en desgracia y para no ser el hazmerreír del país, ya que solicita la suspensión de actos reclamados diferentes a los señalados en su demanda de amparo.
Para entender el error cometido por los funcionarios de ese municipio, es preciso aclarar que el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interna, establece que: “Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las Acciones de Seguridad Interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.

Lo que nada tiene que ver con la continuidad de la prestación del servicio de agua y alcantarillado. Pero que el tema seguirá siendo tratado al interior del Máximo Tribunal del país.
Niega José Juan y su personal que la Corte rechazara su solicitud de suspensión
El alcalde de esa demarcación, su secretario general y síndico cayeron en contradicciones para negar que algo mal hicieron.
Según el Secretario General del Municipio, quien aceptó haber participado en la redacción de la demanda junto con la síndico municipal al cuestionarle sobre el error en la demanda este contesto:
Reportera (R): Está comentándose que hay digamos…
Ignacio Molina (IM): Eso fue una … eso te lo podría decir mejor mi jefe, porque lo que circularon fue una versión electrónica, la cual no fue la que se presentó ante la Corte.
R: No fue la que se presentó, la que habla del Alcantarillado de Puebla…
IM: Eso es otra cosa. No, eso no tiene nada que ver.
R: Eso no tiene nada que ver. Usted…
IM: Lo que se presentó fue un documento impreso y no electrónico que es lo que anda circulando en medios que no sé quién los filtró
R: ¿Usted es el que redactó toda la..?
IM: La síndico
R: La síndico. ¿Usted no, usted no ayudó en la redacción?
IM: Sí, también. Todo el aparato jurídico
R: ¿Usted también porque es el ahora el Secretario General?
IM: Sí soy la personalidad.
R: Entonces ¿sí estuvo bien redactada?
IM: Sí. Ahí tengo el documento, si gustas te lo enseño y la parte donde viene la suspensión no viene ese tema. O sea, lo que está circulando en redes es un rumor infundado en una versión electrónica que alguien filtró.
R: ¿Se filtró algo que no era verdad?
IM: Sí
Dijo Molina Huerta, en entrevista para Exclusivas Puebla.
Al respecto, el alcalde José Juan Espinosa aseveró, “en ningún momento hemos recibido revés alguno, a pesar que pareciera que hay fuerzas que intentan minimizar o deslegitimar esta controversia, vamos muy bien”.
A pregunta explícita que si está mal redactado contestó: “No, es mentira, ese es un cuatro que le pusimos a una gente, que filtró un documento que no es el que recibimos, y ya en su momento les explicaré quién fue; quien simuló querer colaborar con la controversia, se le entregó un documento que no es el que presentamos ante la Corte, y de forma muy burda, lo hicimos intencionalmente (…), es un abogado que nada tiene que ver con el Ayuntamiento”.
Ignacio Molina y José Juan Mienten
Como ya informó esta redacción, Exclusivas Puebla cuenta con los audios y la documentación oficial que evidencian que el alcalde y su área jurídica usaron un machote para impugnar la Ley de Seguridad Interna.