De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer por Reforma, los normalistas fueron asesinados y sus restos desaparecidos en un crematorio; se revela que fueron alrededor de 80 personas muertas

El testimonio.

De acuerdo con un testigo protegido que ayuda en las investigaciones, a unos normalistas se los llevó la Policía Estatal, a otros miembros del grupo “Guerreros Unidos” y otros más fueron llevados por militares a las instalaciones del Batallón 27 de Infantería, en Iguala

Expansión Política 

Militares, policías del estado de Guerrero e integrantes del crimen organizado trabajaron juntos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, publicó este miércoles Reforma con base al testimonio de un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos.

Un grupo de los estudiantes fue detenido por militares y fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería para indagar si pertenecían a un grupo criminal rival, luego fueron entregados a miembros del crimen organizado para su desaparición; algunos de los jóvenes fueron devueltos sin vida, de acuerdo con esta versión.

El capitán José Martínez Crespo fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital, refiere la misma versión consignada por el diario mexicano.

El testimonio del líder del grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa señala que aquella noche de septiembre de 2014 hubo más personas muertas, las cuales supuestamente pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, una agrupación rival. En total señaló que 70 u 80 personas murieron en esos hechos.

El declarante explicó ante las autoridades que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. No obstante, siempre la misma versión, los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” quienes habían ido a tomar algunos camiones para dirigirse a Ciudad de México en el marco de la marcha de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

En total fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería para interrogarlos y saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario.

La versión de “Juan” señala que los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como “Los Tilos” quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.

Aseguró que en un domicilio de la Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados y después fueron trasladados a Servicios Funerarios “El Ángel”, a las afueras de Iguala. Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.

Según la versión, policías estatales sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a las autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones. En este lugar, fue precisamente donde la administración de Enrique Peña Nieto construyó la llamada “verdad histórica”, según la cual los normalistas habían sido llevados a este lugar para ser asesinados y quemar sus cuerpos.

No obstante, esta nueva narrativa refiere que una vez que los estudiantes fueron cremados en unos servicios funerarios sus restos fueron dispersados en las afueras de Iguala y otra parte fue entregada a un agente de la policía ministerial de Guerrero con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.

El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a ‘sembrar’ casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula, consigna Reforma.

Esta maniobra tenía el propósito de responsabilizar a la gente de nivel más bajo en la organización delictiva, y no a los capos, de la desaparición de los normalistas.

AMLO respalda al Ejército

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Ejército y a la Marina, las cuales, dijo, son las instituciones mejor evaluadas por los mexicanos.

“Las instituciones más respetadas, aprobadas por el pueblo de México, no sé cómo sea en otros países, pero en nuestro país las dos instituciones que tienen más aprobación, no solo en el ámbito gubernamental, sino en general”, destacó.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que la institución que en encabeza colabora con las autoridades y advirtió que los integrantes de las fuerzas armadas comenten algún error, tendrán que responder por ellos.

“Si alguno de nuestros elementos en el transcurso de cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades, comete errores, pues tendrá que responder ante esos errores; pero esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución”, afirmó.

A su vez, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, informó que se presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGR por la filtración de la información.

“Este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, así como la integridad de las personas que forman parte de estas investigaciones”, expuso en un breve comunicado.

Mientas que las organizaciones representantes de las familias de los estudiantes normalistas –Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar– lamentaron la publicación de partes del expediente y exigieron que “antes de intentar cerrar la investigación, se agoten todas las líneas de investigación con base en pruebas y no solamente en declaraciones”, como recomendó el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).

También consideraron que en tanto no sea esclarecido el paradero de todas las víctimas y sancionados todos los responsables, el caso no puede darse por cerrado, y que la evidencia reunida hasta ahora confirma que en la red criminal involucrada en el caso participaban no solo policías municipales, sino también funcionarios estatales y federales, incluyendo entre estos últimos a policías federales y militares.

“Las filtraciones de una investigación en curso podrían dañar a la investigación”, advirtieron.