Autoridades de los municipios de Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia acudieron hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para promover una controversia constitucional contra la reforma al Artículo 12 de la Constitución local, la cual abre la posibilidad a la privatización del servicio del agua potable en todos los municipios de Puebla.

Gerardo López Ramírez, vocero de El Barzón en la entidad y asesor jurídico del grupo ciudadano “Izúcar en Lucha”, informó que justo hoy venció el plazo para que los gobiernos municipales pudieran hacer uso de este recurso para oponerse a la reforma aprobada por el legislativo poblano el 6 de enero.

En ambos municipios, recordó, las autoridades locales se negaban a acudir ante la SCJN, pero fueron obligadas por la presión de los grupos ciudadanos que les exigieron cumplir con su papel de defender los intereses del pueblo.

Incluso, el gobierno de otro municipio, Acatlán de Osorio, también se comprometió a presentar este lunes la controversia. Sin embargo, no se presentó en el momento indicado, por lo que perdió la oportunidad de impugnar el decreto publicado en el periódico oficial del Estado el pasado 27 de enero.

En el municipio de Chiautla, un grupo de campesinos logró convencer al alcalde para que recurriera a la controversia, pero sus integrantes fueron presionados para que se retractaran.

Gilberto Maldonado, integrante del Movimiento Magisterial Democrático, denunció que la mayoría de los ediles de la entidad están contra la reforma. Sin embargo, han sido amenazados por el gobierno del Estado y el Congreso de que si lo hacen tendrán problemas con la aprobación de sus cuentas públicas.

Aparte de Izúcar de Matamoros y Chiautla, los ediles de Zoquitlán, Ajalpan, Coxcatlán, Coronango, Juan C. Bonilla y San Pedro Cholula han recurrido al juicio para echar abajo la reforma.

Los cambios al Artículo 12 constitucional se anunciaron con el supuesto fin de proteger el derecho al agua de la población. No obstante, en la fracción 6 se estableció: “El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

La inclusión de este párrafo, de acuerdo con los opositores, abriría la posibilidad de que el gobierno estatal quite a los municipios el control del servicio y proceda a concesionarlo a empresas privadas, tal como ocurrió en la capital, donde la prestación está a cargo de la empresa Concesiones Integrales.

El 7 de marzo, habitantes de 17 municipios de la entidad marcharon por las calles de esta capital para exigir la derogación de esa reforma y advirtieron que tomarán medidas para impedir la privatización del recurso.

Aunque el gobierno de Puebla emprendió una campaña publicitaria para asegurar a la población que “no se dejen engañar” pues el agua no será privatizada, los manifestantes recordaron que esto ya es un hecho en la capital poblana, donde el servicio es prestado por una empresa privada desde 2014.

Además, exigieron que si no hay intención de concesionar la prestación en los 216 municipios restantes, que se derogue la reforma que ha abre paso a esa posibilidad.

 

 

Texto publicado originalmente en: Proceso