La Patrulla Fronteriza registró en el último año más de 33,000 entradas irregulares, como la de Ángel Rocha, un opositor perseguido por los sandinistas que ha pedido asilo

SEGÚN CIFRAS, Nicaragua supera a El Salvador como tercer país centroamericano con mayor registro de indocumentados, después de Honduras y Guatemala

Rocha es uno de los decenas de miles de nicaragüenses que han cruzado este año la frontera sur de Estados Unidos, una cifra que se ha disparado en los últimos meses coincidiendo con la cacería emprendida por el Gobierno de Ortega contra la oposición. Y alcanza niveles récord en las últimas décadas

EL PAÍS

 

Ángel Rocha tiene dos días tachados en su calendario como los peores de su vida. Uno fue el 9 de septiembre de 2020, cuando una patrulla de policía lo arrestó en su municipio del sur de Nicaragua y lo golpeó durante horas para que dejara de militar contra el Gobierno de Daniel Ortega. Del otro no sabe la fecha exacta, pero en su mente lo ha marcado como el 27 de abril de 2018. Lo que le pasó, dice, le hizo perder la noción del tiempo. Fue en la Universidad Politécnica de Managua (UPOLI), que entonces se había convertido en un bastión de la resistencia estudiantil en las inéditas protestas antigubernamentales en las que él participaba como alumno de segundo de Ciencias Políticas. Según cuenta por teléfono desde Miami, un grupo de infiltrados del Frente Sandinista le torturó. “Me golpearon horrible. Recuerdo un golpe en la cara y que caí en el suelo. Cuando caí me prensaron con el pie mi cabeza. Sentía que me estaba ahogando, pero era que estaba sobre un charco de mi propia sangre”, relata.

Rocha es uno de los decenas de miles de nicaragüenses que han cruzado este año la frontera sur de Estados Unidos, una cifra que se ha disparado en los últimos meses coincidiendo con la cacería emprendida por el Gobierno de Ortega contra la oposición. Y alcanza niveles récord en las últimas décadas.

Pero ninguna de esas dos experiencias le amedrentó. Ni eso ni que le persiguieran cuando hacía actos de protesta exprés con otros jóvenes cuando ya habían prohibido las manifestaciones, ni que saquearan su casa. Después de cada golpe, se levantaba y continuaba con el activismo. El joven, que ahora tiene 27 años, seguía convencido de que algún día derrocarían al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de manera pacífica. Por eso participó como asesor en el diálogo nacional de la pareja presidencial con la oposición. Y, este año, como miembro de la Alianza Cívica y asistente del precandidato presidencial Arturo Cruz, recorrió el país para tratar de organizar a la población antes de las elecciones del 7 de noviembre. Querían participar, dice, aunque fuera “para evidenciar que Ortega se las robó”.

Pero el 24 de junio, tras la detención de Cruz y otros líderes opositores y voces disidentes, se le agotó la esperanza. Alentado por su familia y amigos, decidió poner rumbo a Estados Unidos para no acabar en la cárcel él también. “No le dije a nadie que me iba. No pude ni despedirme de mi organización”, recuerda el joven que salió de su país por tierra con otro compañero, con quien compartía casa de seguridad. “Ese miedo que tenés en Nicaragua se duplica una vez que sales de tu país porque no sabes en manos de quién vas a caer por el tema del crimen organizado. Pero cuando logras pasar el río y tocar tierra americana es increíble lo que sentís: llorás, orás, llamás a tus amigos”, cuenta Rocha. Desde que salió de Nicaragua hasta que llegó a Estados Unidos pasaron 20 días. Después, estuvo casi dos meses en varios centros de detención, un tiempo en el que en su país apresaron a dos dirigentes estudiantiles cercanos a él: Lesther Alemán y Max Jerez. “Teníamos tres años de estar luchando y yo pensé: ‘Salí a tiempo’, pero a la vez lloré porque son personas bien allegadas”, cuenta ya en libertad después de que las autoridades migratorias lo dejaran ir bajo palabra a la espera de que presente su caso de asilo.

En lo que va de año fiscal en EE UU (de octubre de 2020 a julio de este año), las autoridades migratorias estadounidenses han registrado a 33.184 nicaragüenses tratando de ingresar por la frontera sur sin documentos, el número más alto en las últimas décadas. Sólo en julio, cuando Rocha tocó suelo estadounidense, las autoridades migratorias contabilizaron a 13.391 ciudadanos de ese país registrados en la frontera, casi el doble de los de junio (7.441) y más del triple que en mayo (4.451).

Según las cifras de julio, además, Nicaragua supera a El Salvador como tercer país centroamericano con mayor registro de indocumentados, después de Honduras y Guatemala. El éxodo actual de nicaragüenses es incluso mucho mayor que el que provocó la brutal represión de las movilizaciones masivas contra el Gobierno en 2018, que causaron más de 300 muertos, decenas de miles de exiliados a países como Costa Rica, EE UU y España y cientos de presos políticos, desaparecidos y torturados.

Detrás de estos números hay una enorme crisis humanitaria, advierte Haydée Castillo, una defensora de derechos humanos que se exilió a Estados Unidos a finales de 2018 huyendo de la persecución y las amenazas de muerte. “Es un drama. Un éxodo jamás visto en la historia de Nicaragua, peor que el que tuvimos en 2018, y a nosotros duele mucho”, dice la activista, que consiguió asilo político y que ha creado la organización Nicaragüenses en el Mundo en la que cada día recibe solicitudes de sus compatriotas que le piden consejos para migrar o ayuda porque están en peligro en el camino. En los últimos días, por ejemplo, consiguió un lugar seguro en México para una joven que migraba con su hija y que le pidió auxilio porque había sido violada por el coyote (traficante de personas) que supuestamente debía protegerla de camino a Estados Unidos.

Además, las llamadas de familiares de migrantes secuestrados en México y por los que los carteles exigen decenas de miles de dólares son ya parte del día a día en su organización. “Algunos casos vienen con grandes deudas y sus familias se tienen que hacer prestar más dinero y tenemos casos de personas secuestradas varias veces”, apunta Castillo, al enumerar que muchos acaban siendo víctimas de secuestros, extorsiones o violaciones por parte del crimen organizado. “Están ante una cadena de violaciones de derechos humanos desde que salen de Nicaragua y durante todo ese trayecto de la búsqueda del sueño americano. A mí, como defensora de derechos humanos, me preocupa muchísimo”, lamenta.

Pese a que el repunte migratorio ha coincidido con la última ola represiva, tanto ella como Ángel Rocha coinciden en que no todos los migrantes nicaragüenses huyen directamente por motivos políticos. Pero creen que la gestión del país por parte de Ortega y Murillo y los ataques a la disidencia han acabado con años de crecimiento económico, lo que sumado a la falta de esperanza de que la situación cambie, está impulsando a la gente a huir.

“Cuando nos dicen que están desesperados por el hostigamiento, porque no tienen trabajo, por cómo mantener a sus hijos, y tienen amenazas de muerte, ¿cómo le podemos decir a la gente: ‘No salga, no busque ayuda’? Es una situación bien dolorosa”, insiste Haydée Castillo. “Nosotros les advertimos del gran riesgo que corren, del gran costo que tiene, de la red de trata en la que se ven coludidos los coyotes con el crimen organizado y en algunos casos hasta con autoridades mexicanas. Y también de que ganar el asilo es prácticamente una lotería porque depende del juez, del oficial de asilo o del centro de detención que te toca. Tenemos casos de nicaragüenses que llegan con todos los documentos y se los niegan”, apunta.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, en el año fiscal 2020 el 36% de las solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses fueron aprobadas, una cifra que está por encima de la media del resto de nacionalidades, pero que sigue siendo baja. Ángel Rocha ya está viviendo en carne propia la discrecionalidad de esos procesos. Él logró salir del centro de detención después de dos meses para poder pelear su caso en libertad, pero recuerda que algunos de sus compañeros en la lucha contra Ortega y Murillo, como el líder estudiantil Nahiroby Olivas, permanecen en cárceles migratorias en ese país