Proceso

Raúl Beyruti Sánchez, quien, a través de su empresa, GIN Group, ha administrado nóminas para empresas grandes como Walmart, Comex, Afirme, HSBC y Santander, cuenta con una orden de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó aprehender al empresario debido a que judicializó la carpeta de investigación iniciada por una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó movimientos inusuales en las cuentas vinculadas a 92 empresas outsourcing como GIN Group, por lo que la Unidad encabezada por Santiago Nieto presentó siete denuncias ante la FGR.

Beyruti es conocido como el “rey del Outsourcing” pues GIN Group se dedica a la subcontratación laboral y ofrece servicio a más de cuatro mil compañías que, a través de esta modalidad, emplean a casi 200 mil personas.

Según reportes del corporativo de Raúl Beyruti, GINgroup, facturaba, nada menos que 31,000 millones de pesos anuales. Tenía participación en 4,500 sectores (empresas que contrataban sus servicios). Y contaba con 195 mil colaboradores, casi todos subcontratados, del que se paga por fuera para simular pagos al Seguro Social, Infonavit y afore.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso en agosto pasado una denuncia en contra de otra de las empresas de “el rey del outsourcing”, por no cumplir con el pago de cuotas obrero-patronales.

 

Walmart  Inc. México se benefició con el sistema de Beyruti

 

Walmart México se ha beneficiado con este tipo de subcontratación con lo que en realidad la empresa no tiene empleados propios (tiene asociados) con los que debería compartir parte de sus multimillonarias utilidades.

Es preciso recordar el caso en el que Walmart México y Centroamérica pagó mordidas a funcionarios mexicanos para poder abrir tiendas más rápido en el país.

Así mismo, hace siete años, un juez federal en EU aprobó que la matriz del gigante minorista, Walmart Inc., debería pagar una compensación de 160 millones de dólares a un fondo de pensiones para trabajadores retirados de Michigan.

El fondo había demandado al gigante minorista por fraude bursátil pues las acciones de la empresa perdieron valor en la bolsa luego de la publicación de una nota en el New York Times con la historia de los sobornos en México.

El outsourcing ha estado plagado en México, país de claroscuros, y aunque ha permeado en amplios sectores de las empresas, existen cuestionamientos y denuncias contra algunos que desarrollan este modelo e incurren en elusión fiscal, dejando mejores márgenes de ahorro a las empresas con menos pagos tributarios, pero perjudicando al trabajador, que ve disminuida su contribución al Infonavit y la Afore.

El tema de subcontratación laboral está en la agenda desde la campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y se avivó por la iniciativa de reforma a las leyes en materia de subcontrataciones presentada en el pasado periodo legislativo por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia.

La propuesta fue frenada momentáneamente en diciembre pasado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), bajo el argumento de que era necesario un parlamento abierto para ampliar la discusión del tema y participen empresarios, investigadores y dirigentes sindicales.

De acuerdo con Urrutia, su propuesta busca regular y controlar el outsourcing ilegal y someterlo a las nuevas reglas y procedimientos, pues dijo que algunas empresas terciarias, en complicidad con empresarios, se han vuelto un cáncer para la sociedad al controlar a unos ocho millones de trabajadores en el país que representan pérdidas para México por unos 500 mil millones de pesos.

El senador Germán Martínez Cázares, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, sostuvo que, en el fondo, la tercerización precariza la vida, las condiciones de trabajo y el salario, y consideró que estos esquemas son estructuras contables y financieras de verdadera avaricia, de verdadera injusticia, de injusticia criminal.

“Los que se subcontratan, muchos no están registrados en el IMSS para no darle toda la cobertura de seguridad social, para no darle utilidades, para no darle una pensión por retiro o se subestiman las cuotas que se informan al IMSS. Es decir, al trabajador se le pagan 10 pesos y se reporta al IMSS que se le pagan 5, 3 o 2, no se reporta lo que se le paga”, manifestó.

El morenista aseguró que esto es un juego cínico porque, por un lado, se condena al gobierno por no generar vacantes y, por el otro, se saca del registro del IMSS a los trabajadores.

Pero Martínez Cázares fue más allá, pues declaró que el outsourcing no sólo tiene un efecto negativo a nivel laboral, sino también en el sector salud.

“Ahora que nos quejamos del desabasto de medicinas, bueno pues parte de esto encuentra explicación en las cuotas obrero-patronales. Si el IMSS no cobra lo que debe cobrar porque los patrones no declaran lo que verdaderamente gana el trabajador, se están robando una parte”, explicó.

“Es un asunto de ladronería, sinvergüenzada. Se están robando parte del esfuerzo del trabajador para no declarar al IMSS lo que realmente gana. Subestiman, declaran que solo pagan un salario mínimo cuando en realidad pagan más, pero eso va en detrimento de las finanzas del IMSS, del trabajador, de la participación de sus utilidades”, añadió.

“Si se empiezan a subestimar cuotas del IMSS, ahí hay un robo del esfuerzo del trabajador que desde mi punto de vista debe ser sancionado. Si hay una rotación de trabajadores para que no generen una antigüedad al interior de los trabajadores, ahí hay un robo del esfuerzo del trabajador que desde mi punto de vista debe ser sancionado. Eso persigue el dictamen que hemos aprobado en la Comisión de Trabajo”, subrayó.

“En la revista Forbes hay un concepto que dice que los empresarios se deben dedicar a hacer dinero y olvidarse del trabajador… Que las empresas de tercerización le dicen que ellos se encargan del trabajador y que los empresarios sólo se dediquen a generar riqueza. Eso es lo más insolidario que yo he oído en el mundo del crecimiento y desarrollo de este país”, abundó.

El Observatorio Académico Tributario ha dedicado estudios a cómo las empresas incurren en prácticas simuladoras, comenta Gabriela Ríos Granados, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experta en derecho fiscal: “En muchas ocasiones, es necesario revisar con lupa el impuesto sobre nómina y el impuesto sobre la renta -indica-. Sin ningún ánimo de descalificación, cuando las empresas son grandes la propia operación hace que el agua sea turbia”.

“Cuando una empresa administra un volumen tan grande de empleados es necesaria una auditoria para verificar cómo factura los servicios de compensación que ofrece y si los deduce y, en este caso, cómo se manejan los ingresos cruzados con sus subsidiarias. Esa es la única forma de asegurar que no incurre en una elusión o en una planeación fiscal agresiva”, explica.

Si hay algo por lo que ha luchado fuertemente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es contra la millonaria evasión fiscal de las empresas. Muestra de ello es la mencionada orden de aprehensión en contra de Raúl Beyruti,

Su empresa, GINgroup, aparece en el listado de 2020 de las 500 empresas más importantes de Expansión con ventas de 38,865 millones de pesos.

El conglomerado surgió en la última década como un grupo formado por un centenar de empresas entre las que se incluyen consultoras de Recursos Humanos, empresas de servicios de subcontratación de empleados, centros deportivos o participación en medios de comunicación como Playboy o Forbes México.

Además de México, opera en República Dominicana, Colombia, España, Canadá, Perú y en las ciudades de Estados Unidos: Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston.

Sin embargo, una investigación de la UIF, concluyó que 92 de sus compañías de outsourcing, que incluye a GINgroup, no reportaron a la autoridad fiscal una suma de 34,000 millones de pesos, por ello las denuncias penales ante la FGR.

Y es que sus clientes eludían así la mayor parte de la cotización al Seguro Social, el Infonavit, las afores y el reparto de utilidades a los trabajadores de las empresas a las que servía, y ofrecía además la deducción por IVA de los servicios prestados.

Debido a que el empresario estaría fuera del país, la FGR debe solicitar la intervención de Interpol para su búsqueda en los 190 países miembros del organismo internacional.

Cabe mencionar que, desde 2018, el empresario ha tramitado varios juicios de amparo contra órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Dichos amparos quedaron registrados en los expedientes 323/2018 y 29/2019.

Incluso, dijo tener conocimiento de que había iniciado en su contra la carpeta de investigación en FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/993/2017 e incluía policías se presentaron a su domicilio y, al no encontrarlo, preguntaron a sus vecinos sobre su paradero.

Junto con Beyruti hay al menos 12 personas indiciadas con los mismos cargos, de acuerdo con fuentes oficiales del portal Expansión. También se está investigando a algunas de las personas morales que contrataron los servicios de Gin group.

La empresa se encamina hacia una crisis profunda. Compañías como Wal-Mart, Ford o Softek que tenían servicios de subcontratación de personal con Gin group, y a las que la empresa enarbolaba como ejemplo de legalidad de sus servicios, rescindieron sus contratos.

En noviembre del 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) diversas reformas aprobadas por el Congreso que tipifican la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, cuando el monto de lo defraudado o valor de los comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804,230 pesos. Estos ilícitos, considerados como amenazas a la seguridad nacional, ameritan prisión preventiva oficiosa, y sanción con dos a nueve años de prisión.

La UIF de la Secretaría de Hacienda ha presentado siete denuncias ante la FGR por el tema de outsourcing ilegal; otras 35 denuncias contra empresas fachada y 15 por facturación simulada.