Sin Embargo

 

Los mexicanos son excluidos de las instituciones financieras por el color de su piel, edad, zona geográfica o por ser parte de la población indígena, entre otras razones, lo que deriva en problemas de estabilidad económica y de seguridad social, revela un estudio editado por el Conapred y la Cepal. Los datos muestran que por estos motivos el 61 por ciento de la población mexicana no tiene algún tipo de cuenta bancaria.

En México apenas 39.1 por ciento de las personas mayores de 15 años es titular de una cuenta bancaria, 12 puntos porcentuales menos que el promedio de América Latina (51.4 por ciento), de acuerdo con el Índice de inclusión financiera del Banco Mundial de 2017.

El estudio Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de trato incluyente en sucursales bancarias de México, escrito por Ana Laura Martínez y César Reséndiz, y editado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), junto con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), dio cuenta de este diagnóstico a la vez que da cuenta de otros factores que limitan el acceso a los servicios que presta el sector financiero y propone una serie de recomendaciones para facilitar la inclusión de las personas marginadas de dichos servicios.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, el 24 por ciento de la población mexicana contestó que en los cinco años anteriores le habían negado algún derecho sin justificación. Entre quienes respondieron que sí, uno de cada seis casos se refirió a la negación arbitraria de un préstamo, crédito de vivienda o tarjeta bancaria.

A diferencia de lo que pasa con otros servicios o mercados de consumo, el acceso a servicios financieros no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para potenciar las capacidades.

Y en ese sentido, la experiencia de la pandemia de COVID-19 ha recalcado lo ya dicho:  una población altamente incluida en el sistema financiero permite brindar apoyos en situaciones y contextos críticos. Además, de que en el caso de los seguros de vida no se tiene algún producto similar en el mercado informal que lo sustituya.

En 2021, el coronavirus se colocó como la catástrofe más cara para las aseguradoras, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), quien destacó que el gasto promedio por atención médica y hospitalización ha sido de 499 mil 949 pesos.

Agregado a la discriminación, la falta de infraestructura bancaria es una barrera relevante en México, pues el BM resaltó que el número de sucursales bancarias por cada 100 mil habitantes es casi cuatro veces menor al del Brasil y la mitad del de los Estados Unidos o Guatemala.

Al mismo tiempo, la desconfianza en las instituciones financieras se interpone como una barrera al uso de productos financieros formales en el país, pues la institución global mostró que el 37 por ciento de las y los mexicanos que no son titulares de una cuenta bancaria afirma tener su reserva con los bancos, dato con el que México se posiciona entre los siete primeros países (de un total de 123) en los que el recelo hacia las instituciones financieras es una barrera a la inclusión.

Además, la desconfianza en los bancos es el motivo principal para no tener una cuenta para alrededor de cuatro de cada diez personas jóvenes y adultas (hasta 54 años).

Los resultados del análisis hecho por Martínez y Reséndiz exponen que los grupos que están en riesgo de ser discriminados en mayor medida por el sector financiero mexicano son las mujeres, las personas habitantes de zonas rurales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las y los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas que reciben programas sociales.

Asimismo, de forma transversal la apariencia física, la vestimenta, el uso de tatuajes, el tono de piel, la condición laboral, el lugar de residencia y el nivel de ingresos son variables relevantes en la determinación de los grupos discriminados.

Para cada uno de los grupos identificados la discriminación se expresa de forma distinta. Puede tratarse de actos de discriminación directa reflejados en una diferencia en el trato o de actos de discriminación indirecta institucionalizados, pero ambos obstaculizan el acceso y uso de los servicios financieros para grupos específicos de la población, refiere el análisis.

El trato discriminatorio en el sector financiero se genera y persiste muchas veces de forma inconsciente. Nadie lo menciona, nadie lo ve y termina por invisibilizarse. No obstante, existe, como existe en la mayoría de las esferas de la vida política, social y económica de México. Está presente en prácticas tan visibles como la publicidad o el trato en las sucursales, pero poco cuestionadas por el público y los proveedores de servicios”.

 

¿QUIÉNES SON “SUSCEPTIBLES” A SUFRIR DISCRIMINACIÓN?

 

La discriminación es un fenómeno estructural y por tanto no es exclusiva del sector financiero, destaca el documento. La discriminación en el sector financiero, en general, y en las sucursales bancarias, en particular, surge en un contexto de discriminación estructural histórica que ha jerarquizado a la sociedad mexicana en torno a distintas variables identitarias, sociodemográficas y económicas, añade.

En México es posible observar una brecha en el acceso a servicios financieros de acuerdo con el grado de urbanización de las localidades. De acuerdo con la ENIF 2018, existe una brecha en tenencia de cuando menos un producto financiero de 17.3 puntos porcentuales entre las poblaciones rurales y urbanas (54 y 74 por ciento, respectivamente). Pero la brecha existe incluso entre la población ya bancarizada, pues en la tenencia de algún instrumento de crédito y seguros es de 11 y 7 puntos porcentuales, respectivamente.