Luego de las publicaciones en distintos medios de comunicación, la dependencia abrió un expediente sobre la adquisición que hizo el IMSS de 20 ventiladores pulmonares a una empresa del hijo del ex gobernador poblano

Redacción

En días recientes, varios medios de comunicación dieron cuenta de presuntos actos de corrupción cometidos por la empresa Cyber Robotics, de Manuel Bartlett junior, al venderle al IMSS una veintena de respiradores artificiales a precios estratosféricos, los más caros que ha comprado el Gobierno Federal para atender la pandemia por Covid-19.

Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal informó que realiza una investigación por esa compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (en Hidalgo) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador poblano.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó el 1 de mayo que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender a los más afectados de coronavirus.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto pagado por el Gobierno Federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Durante la investigación, Bartlett Álvarez no pudo ser localizado por MCCI en los teléfonos que da en el sitio de su empresa.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

La secretaría de la Función Pública informó este lunes a través de un comunicado que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

“Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al director general del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad.

“Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal; se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción”, dice el comunicado.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

“Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana”, señaló la dependencia en el comunicado.

Por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

“Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe permitirse la impunidad.

“En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer investigación, y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual que el funcionario que entregó este contrato”, dijo el presidente.

Este caso lo indagó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y le da seguimiento.

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