HUFFINGTON POST

El sueño del Tren Maya es tan largo, como larga ha sido la pesadilla para miles de ejidatarios que, desde por lo menos hace 50 años, siguen esperando que el gobierno federal los indemnice por los terrenos que cruzan la carretera 307, por donde, todo indica, se tenderán parte de los rieles para el ferrocarril. Según los planes generales del proyecto que se conocen, el Tren Maya correrá por 1,525 kilómetros, entre los que se incluye a Quintana Roo en el Tramo Caribe con unos 446 kilómetros. Por este último tramo, desde hace 50 años, el gobierno federal les sigue adeudando a miles de ejidatarios el pago por el uso de sus tierras. Silencio e indiferencia ha sido la respuesta de gobiernos que van desde Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando se construyó la carretera 307, pasando por el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), quien retomó el proyecto, hasta el de Enrique Peña Nieto 2012-2018), y ahora el de Andrés Manuel López Obrador… A todos les ha parecido menor e insignificante que al menos 253 kilómetros (que pertenecen a once ejidos) no cumplan con las reglas legales de expropiación y mucho menos la indemnización justa a los ejidatarios afectados.

En febrero de 2015, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, ubicado de Chetumal, dio la razón a los ejidatarios y ordenó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, a cumplir con la ley y a corregir todos los errores. Básicamente, ordenar todo el proceso de expropiación e indemnización. Tal determinación fue confirmada por el Tribunal Superior Agrario, en su sentencia del 6 octubre de 2015. El 18 de abril de 2018, poco antes de que iniciaran las campañas presidenciales, que ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, ex coordinadora de su campaña) anunció el proyecto del Tren Maya: “Con #AMLOVE queremos que México llegue a ser un ejemplo para el mundo en muchos ámbitos. El hermoso proyecto del Tren Maya marcará un hito global en el turismo y el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente”.

En el proyecto de Nación 2018-2024, presentado por el partido político Morena y Andrés Manuel López Obrador, se incluyó el plan del Tren Turístico Transpeninsular (páginas 239 a 241) para cubrir el recorrido de Cancún hasta Palenque, con escalas en Tulum, Bacalar, Calakmul, misma zona que compete a esta investigación periodística. Sin embargo, nadie del círculo cercano del hoy presidente se había acercado a los ejidatarios para, al menos, informarles del interés por ocupar parte de sus tierras para el cruce del Tren Maya. Menos aún, saber el estado legal de todos esos terrenos. Y aunque esta información ya no está disponible en el sitio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cuenta con el documento en PDF de cuando aún era público El jueves 24 de enero de este año, Pablo Careaga, encargado del Tramo Caribe del Tren Maya, se reunió con los ejidatarios de Chunyaxche, Quintana Roo, uno de los once ejidos que demandan indemnización. De acuerdo con versiones de asistentes, el funcionario habría aceptado desconocer los problemas de expropiación e indemnización pendientes que había y que, incluso, se estaba enterando, por lo que ofreció concertar una cita con el titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, para ver de qué forma podría ayudarles a resolver los problemas.

Los ejidatarios, por su parte, fueron contundentes: “O nos pagan lo justo y lo que nos corresponde por ley o no hay tren”. Todo parece indicar que los funcionarios, o no saben o no quieren saber que, al menos, una gran parte de las vías por donde pasará el Tren Maya (253 kilómetros), cruza por una larga ruta de ilegalidad y abusos contra los pobladores. MCCI presenta en esta investigación pruebas y testimonios de cómo, por décadas, se escondió información a miles de ejidatarios acerca de sus derechos y beneficios y que, a pesar de que en los últimos dieciocho años sus demandas se han intensificado, a la fecha siguen sin resolverse.