El Financiero

La Administración del presidente estadounidense Joe Biden ofreció autoiniciar y adelantar peticiones bajo el nuevo Mecanismo de Respuesta Rápida establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con ello, dijo, busca garantizar que los trabajadores estadounidenses reciban alivio a través de una aplicación eficiente a nivel de las plantas productivas cuando hay violaciones del T-MEC.

A fin de asegurar recursos adecuados de monitoreo y cumplimiento de estas obligaciones laborales, la Ley de Implementación estadounidense del T-MEC asigna 30 millones de dólares por cuatro años para la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) y otros 30 millones para el Departamento del Trabajo (DOL) con el objetivo de asegurar el cumplimiento en cuestión, así como para el envío de cinco agregados laborales a la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, México.

El primer agregado laboral llegó a México en octubre de 2020 y el segundo agregado entró en funciones en diciembre de 2020.

Asimismo, estos recursos apoyaron la contratación de tres nuevos empleados en la Oficina de Asuntos Laborales de la USTR y la designación de tres abogados para cubrir los problemas laborales del T-MEC en la Oficina del Asesor Jurídico.

Además, la USTR seleccionó a un Representante Comercial Senior de Estados Unidos en México, un nuevo puesto destinado a apoyar la coordinación de los asuntos laborales y ambientales del T-MEC en México, así como otros asuntos de implementación del T-MEC. Este alto funcionario comenzó a operar en México en diciembre de 2020.

Todos los avances descritos anteriormente fueron anunciados este martes al Congreso estadounidense por la USTR en la Agenda Comercial 2021 y el Informe Anual 2020.

El nuevo mecanismo prevé la suspensión de los beneficios arancelarios del T-MEC o la imposición de otras sanciones, como el bloqueo de las importaciones de empresas reincidentes, en casos de incumplimiento de obligaciones laborales clave.

El T-MEC incluye un Anexo del Capítulo Laboral sobre “Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México”, que requiere que México revise su sistema de justicia laboral para garantizar que los trabajadores tengan derecho a voto secreto para elegir y desafiar a los líderes sindicales y aprobar convenios colectivos nuevos y cambios a los existentes.

México promulgó estas reformas a la legislación laboral el 1 de mayo de 2019 e instituyó un enfoque por etapas para iniciar el funcionamiento de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales en todo el país.

El 18 de noviembre de 2020 se inició la primera fase de implementación con la transición de ocho estados mexicanos en materia de justicia laboral a las nuevas instituciones.

De acuerdo con los términos del Anexo Laboral del T-MEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima.

El Anexo Laboral también incluye el compromiso de exigir una revisión de los convenios colectivos existentes dentro de un período de cuatro años a partir de la promulgación de la reforma laboral, antes del 1 de mayo de 2023, para verificar que la mayoría de los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo hayan expresado su apoyo al acuerdo mediante un voto personal, libre y secreto.

Estados Unidos consultó estrechamente con el gobierno mexicano sobre la implementación de las reformas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de México en virtud del T-MEC, incluso a través del Comité Laboral Interagencial de Monitoreo y Aplicación.

 

Biden desbloquea tarjetas de residencia permanente para migrantes

 

Trump dejó suspendida, desde la primavera pasada, la emisión de las llamadas ‘green cards’. La mayoría de las visas para inmigrantes habían sido suspendidas debido a las órdenes, de acuerdo con abogados.

El presidente Joe Biden ordenó reanudar la emisión de tarjetas de residencia permanente que fue suspendida por su predecesor durante la pandemia y que según abogados estaba bloqueando la mayor parte de la inmigración legal a Estados Unidos.

Biden retiró una suspensión implementada por el gobierno de Donald Trump. En una proclama el miércoles por la tarde, Biden estipuló que cerrarle la puerta a los inmigrantes legales “no promueve los intereses de Estados Unidos”.

La primavera pasada, Trump suspendió hasta finales de 2020 la emisión de las tarjetas de residencia permanente para inmigrantes -las llamadas ‘green cards’- alegando la necesidad de proteger al mercado laboral duramente afectado por el coronavirus. Fue el mismo argumento que Trump esgrimió para lograr muchos de los recortes a la inmigración legal que no había podido implementar antes de la pandemia.

El 31 de diciembre, Trump extendió esas órdenes hasta finales de marzo. El entonces presidente republicano había señalado que los inmigrantes representaban “un riesgo para el mercado laboral estadounidense” e impidió su entrada a Estados Unidos emitiendo la Proclama 10014 y la 10052.

“Al contrario, daña a Estados Unidos, lo que incluye el impedir que algunos familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se reúnan con sus familias aquí. También afecta a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de personas de todas partes del mundo”, puntualizó el mandatario.

La mayoría de las visas para inmigrantes habían sido suspendidas debido a las órdenes, de acuerdo con abogados de inmigración.

Hasta 120 mil visas de preferencia basadas en la familia se perdieron en gran parte debido a la suspensión implementada por la pandemia en el año fiscal de 2020, de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Los inmigrantes no podían traer a sus familiares a menos de que fueran ciudadanos estadounidenses que solicitaran visados para sus cónyuges e hijos menores de 21 años.

También impedía la entrada a inmigrantes con visas de trabajo, salvo que fueran considerados un beneficio para los intereses nacionales, como los profesionales de la salud.

Además, le cerró la puerta a miles de ganadores de la lotería de visas, quienes fueron elegidos al azar de un conjunto de unos 14 millones de solicitantes para que recibieran las tarjetas de residencia que les permitieran vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Las visas bloqueadas se suman a un creciente retraso que ya suma 473 mil solicitudes tan sólo de visas basadas en la familia, dijo el abogado de inmigración Curtis Morrison, de California, quien representó a miles de personas que se vieron afectadas por la suspensión.

“Estoy encantado por mis clientes, quienes ahora están en una posición en la que pueden entrar a Estados Unidos”, comentó. “Pero ese retraso (en las solicitudes) demorará años si el gobierno no toma medidas ambiciosas”.

El año pasado, un juez federal emitió un fallo que dejaba prácticamente sin efecto la Proclama 10052 al permitir que trabajadores extranjeros temporales ingresaran a Estados Unidos si sus empleadores eran miembros de la Cámara de Comercio del país o de otras organizaciones de gran tamaño que representan a gran parte de la economía estadounidense.

Pero la Proclama 10014 siguió bloqueando la entrada a miles de inmigrantes.

Abogados de inmigración dijeron que estaban sorprendidos de que Biden no retirara inmediatamente la suspensión, como lo hizo con la prohibición de viaje impuesta por Trump a las personas de países musulmanes. Como resultado, algunos inmigrantes que se vieron afectados por la prohibición de viaje se encontraron con que aún no podían viajar a Estados Unidos debido a la suspensión.

CIUDAD DE MÉXICO, 25FEBRERO2016.- Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y Enrique Peña Nieto, presidente de México, ofrecieron un mensaje conjunto en la residencia oficial de Los Pinos.
FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Hace unos días, miles de ganadores de la lotería de visas, que corrían el riesgo de que sus permisos expiraran, consiguieron una orden judicial que ponía su proceso en pausa por parte del juez del caso. Ahora se les permitirá usar sus visas para ingresar al país.

Estados Unidos ofrece hasta 55 mil visas al año para inmigrantes cuyas nacionalidades están poco representadas en la población del país. Las visas deben utilizarse dentro de los primeros seis meses de haber sido obtenidas.

Mientras tanto, Biden ha propuesto un proyecto de ley que limitaría la autoridad presidencial para emitir futuras prohibiciones contra los inmigrantes.

El mandatario no ha dicho si habrá alguna compensación para los ganadores de la lotería de visas que perdieron su oportunidad debido a las políticas implementadas por la pandemia. Sin embargo, pidió que Estados Unidos aumente el número de visas de diversidad disponibles en la lotería cada año de 55 mil a 80 mil.