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A 12 días de que venza el plazo para operar bajo el esquema de outsourcing con las nuevas disposiciones fiscales para las empresas, este límite de tiempo ha generado incertidumbre, ya que con dicha ley se incrementarán las cargas laborales.

De acuerdo con opiniones de especialistas en la materia, las empresas han iniciado procesos de reestructuración de sus nóminas e incluso de salarios para cumplir con las actuales reglas que rige el régimen de servicios especializados.

Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, dijo que es un cambio complejo, pues en México hay alrededor de 10 mil empresas que están bajo el esquema de subcontratación.

Esta normativa traerá que a las empresas que quieran registrarse ante el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no les alcanzará el tiempo límite, que es hasta el 1 de agosto.

Y es que según la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de outsourcing, aprobada en abril pasado, solo podrán prestar servicios de subcontratación aquellas empresas inscritas en ese patrón.

Para Karina Robledo, experta en materia fiscal de la firma Santamarina +Steta, los plazos de la ley de outsourcing terminarán constituyendo un golpe a las relaciones comerciales.

“Las grandes empresas, que contaban con personal vía outsourcing y que contrataban a proveedores para complementar sus actividades, por la complejidad de sus operaciones, simplemente no tendrán tiempo para resolver todas las negociaciones, registros e incluso conflictos de inequidad que surgirán entre los mismos consorcios. Por tal motivo, terminarán algunas relaciones comerciales que son similares a su objeto social y que se considerarán prohibidas en agosto”, advirtió la especialista.

Robledo añadió que priva la incertidumbre entre diversos sectores industriales y de servicios, debido a que la nueva ley los orilla a incrementar sus cargas laborales, bajo una política de choque con consecuencias penales y no de trabajo en conjunto para lograr sus buenas intenciones. 

“Ojalá se aplicara mejor técnica legislativa para estimular a la industria, eliminar defectos e impulsar la competitividad y empleo de las empresas en México”, enfatizó.

La experta explicó que se avecina el plazo del 1 de agosto, a partir del cual los pagos por la contratación de servicios no especializados no tendrán efectos fiscales, pero para temas laborales, los plazos son aún más cortos y complejos. 

“Muchas empresas están tratando de resolver cómo sí cumplen. Por ejemplo, si una empresa se dedica a la comercialización de electrodomésticos y ofrece las garantías y servicios de mantenimiento a sus clientes, que antaño daba un proveedor, ahora solo tiene tres alternativas: terminar la relación contractual con ese proveedor; realizar directamente dichas actividades o eliminar dicha actividad dentro de su objeto social. Todos esos casos, hoy son preguntas sin respuesta en las nuevas reglas del juego”.

Leñero coincide con la especialista de Santamarina + Steta, el también director de la firma de administración operativa empresarial Retribuye, comentó que con esta normativa difícilmente se terminará con la corrupción y malas prácticas que había hacia los trabajadores que no les pagaban su sueldo íntegro ni prestaciones.

En algunos casos, como lo es la sustitución patronal, las empresas están en una carrera contrarreloj. La reforma otorgó un plazo de 90 días para que los negocios realicen este procedimiento sin la condición de transferir bienes, pero respetando la antigüedad de los trabajadores afectados. La fecha límite es el 23 de julio.

En el caso de las empresas que realizarán una sustitución patronal, el 34% plantea una armonización del esquema de percepciones, analizando la remuneración total y la compensación fija más los beneficios que otorga la empresa, como vales de despensa o bonos, por ejemplo.

En tanto, la armonización del esquema de remuneración será una alternativa para el 50% de las empresas que buscará cumplir con la reforma a través de una fusión de razones sociales.

Estos ajustes están vinculados con el impacto que tendrán las nuevas reglas para el reparto de utilidades (PTU) debido a la absorción de trabajadores subcontratados. Este punto fue uno de los más discutidos entre el gobierno, la iniciativa privada y los representantes de los trabajadores en la antesala de la reforma de outsourcing promulgada el pasado 23 de abril.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estima que para 2022, como resultado de los nuevos topes al PTU, se repartirán 157,050 millones de pesos en utilidades, esto implica un aumento anual de 7.7% y una proporción mayor al 2.8% de lo que se distribuye en la actualidad.

“En nuestra experiencia, las compañías están usando la compensación variable y los beneficios para realizar la armonización o controlar los costos incrementales por incorporar la PTU”, señaló Ana María Montes, directora de Consultoría de Lockton México.

La firma considera que los esquemas flexibles de compensación y beneficios son una alternativa eficaz para los desafíos que tendrán las empresas durante la reestructura de las remuneraciones.

La flexibilidad en compensación y beneficios se refiere a la posibilidad que tiene la persona trabajadora de elegir cómo quiere recibir una parte de su remuneración total de acuerdo a sus necesidades; es decir, prestaciones superiores a las de ley vinculadas a temas patrimoniales, de salud, programas de estilo de vida, herramientas de trabajo, entre otras.

“En lugar de buscar simplemente como organización eliminar prestaciones para hacer frente al tema del PTU, las empresas pueden optar por transformar la remuneración por completo, dando la posibilidad a los empleados de elegir cómo quieren recibirla. Es una tendencia que puede ayudar a mitigar varios de los retos que nos plantea la reforma. Al optar por una visión más integral, tendremos mejores posibilidades de impactar positivamente a los colaboradores y fortalecer nuestra propuesta como empleadores”, subrayó Víctor Hernández, socio productor de Lockton México.