A unas cuantas horas que el Congreso del estado decida si lo inhabilita por un periodo de 12 años para ocupar cargos públicos, el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que no lo “van a doblegar”.

“No me van a doblegar, no ha sido así en mi carrera política, nunca fue así en los tres años que fui alcalde y no permitiré que un atropello y una injusticia, no solo por mí, sino por México, porque es inaceptable que se utilicen las instituciones para doblegar las voluntades de los ciudadanos y eso no lo voy a aceptar”, afirmó en entrevista.

En medio de un proceso en su contra que lleva tres años, el actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, aseguró que las acusaciones por presuntos desvíos de recursos son una “persecución política” del ahora ex gobernador y aspirante presidencial de su partido Rafael Moreno Valle y una extensión de una estrategia por eliminar a los panistas de “cepa”.

“Hay un interés de su grupo y familiar de quererse adueñar de la sucesión y el proceso electoral de cara al 2018 y por supuesto esta es una zancadilla que pretenden ponerme a mí, que además de inaceptable e ilegal no voy a permitir”, sentenció.

En las próximas horas, el pleno del Congreso del Estado someterá a votación un dictamen de la Comisión Inspectora que propone la inhabilitación por 12 años para ejercer cargos públicos y una multa por 25 millones de pesos a Rivera Pérez, por supuestas irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2013.

Los diputados decidieron el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por un supuesto daño patrimonial por 12 millones de pesos, dictamen que hoy será sometido a votación y que de aprobarse podría dejarlo fuera de la sucesión gubernamental del 2018.

Para el amigo personal de Margarita Zavala y Felipe Calderón, su caso es un reflejo de la decisión de Moreno Valle de utilizar la auditoría como un “garrote político” contra ex alcaldes y presidentes municipales en funciones.

“Cada una de las decisiones en el Congreso del Estado fueron bajo la línea del gobernador del estado, hoy sigue estando el Congreso sujeto a quien gobernó en el pasado sexenio, él es el responsable que utiliza la auditoria como garrote político, no soy el único”, insistió.

El político, quien ha recibido el apoyo público de diputados del PAN, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD), de rectores de universidades privadas y de militantes distinguidos del blanquiazul, afirmó que se trata de una estrategia política y la utilización de instituciones para afectar su derecho a su participación política.

 

 

 

Texto publicado originalmente en: Vanguardia