Una mujer indígena de 21 años de edad perdió a su hija recién nacida luego de que un hospital de Puebla le negara la atención porque no contaba con ginecólogos ni pediatras, ni tampoco con insumos básicos como gasolina para trasladarla en ambulancia a otro centro médico.

Además de la pérdida de la bebé por una cadena de negligencias, médicos de otro hospital en Hidalgo le colocaron un método anticonceptivo sin su consentimiento plenamente informado.

Una praxis violatoria de derechos humanos que no es un caso aislado en México: solo en 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó otros cinco casos en los que se implantó un Dispositivo Intrauterino (DIU) a mujeres indígenas sin su permiso.

Mientras que las negligencias médicas durante las labores de parto son mucho más reiterativas: según documentó en un informe el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en 18 meses –de 2014 a junio de 2015- 266 mujeres denunciaron que fueron objeto de violencia obstétrica en hospitales estatales, principalmente en el estado de Guerrero (144, el 48%), Morelos (54) y la Ciudad de México (18).

 

Texto publicado originalmente en: Vanguardia