Esta nueva ley sustituye a la Ley Orgánica que hace dos años dio paso a la transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General

Expansión Política 

A más de dos años de aprobada la Ley Orgánica que dio origen a la Fiscalía General de la República (FGR, antes Procuraduría), el Senado aprobó este miércoles abrogarla para crear una nueva legislación.

Con 113 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley de la FGR y se abroga la Ley Orgánica. Ahora, este pasará a la Cámara de Diputados.

En el dictamen aprobado se expone la necesidad de expedir una nueva Ley de la Fiscalía General de la República que disponga la integración, funcionamiento y atribuciones como órgano público autónomo, así como para fortalecer al Ministerio Público para la investigación y la persecución de delitos.

¿QUÉ SE APROBÓ?

Los senadores aprobaron dejar sin efectos la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear una nueva.

Este dictamen también implica reformas a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

La nueva ley establece que la FGR permanecerá de forma permanente en los mecanismos y comisiones nacionales en materia de derechos humanos, y estipula la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

El 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con lo que desapareció la PGR y nació un órgano de justicia autónomo.

A inicios de 2020, el actual fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, envió al Senado de la República una propuesta para diversas adecuaciones al marco jurídico de la FGR, en específico la expedición de una nueva ley. A partir de entonces inició un Parlamento Abierto y la construcción del dictamen.

ENTONCES, ¿QUÉ SE MODIFICA?

En primer lugar, el Senado acordó con la Fiscalía modificar la redacción de la nueva ley para evitar que pudiera perder independencia al quedar supeditada a la Secretaría de Gobernación (Segob), que encabeza los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

La redacción también se adecuó para establecer que la FGR puede participar como “entidad autónoma” en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata.

Con el nuevo dictamen, la FGR pasará a formar parte, “como entidad autónoma”, con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para el cumplimiento de la acción penal. Además, se acordó que cada tres años se creará un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, con objetivos medibles que deberán ser presentados cada año.

También se crearía la figura de un Consejo Ciudadano que apoyará a la Fiscalía en el diseño del plan de procuración de justicia y se establecen las facultades del fiscal general, como crear comisiones especiales y ordenar el pago de recompensas a quienes aporten información útil en las investigaciones. Incluso, se contempla un esquema de sanciones para quien filtre documentos o inicie carpetas de investigación sin sustento.

Asimismo, se robustecen los requisitos para designar al titular de la FGR (ternas propuestas bajo el principio de paridad de género) y se prevé que la renuncia solo procederá por causas graves que deberán ser evaluadas y autorizadas por el Senado.

Organizaciones civiles y colectivos de familias de víctimas expresaron su preocupación por este dictamen, al considerar que hay limitaciones para acceder a los expedientes, que la FGR se desvincula de sus obligaciones de procuración de justicia y que se faculta a la Guardia Nacional como “auxiliar de la fiscalía”, entre otros aspectos.

¿CUÁLES FUERON LAS POSTURAS?

Durante la discusión, que se extendió por seis horas, los grupos parlamentarios del PRD y del PT consideraron que esta nueva ley es una “reestructuración eficaz”. Mientras que el PAN y el PRI, aunque también aplaudieron el dictamen, presentaron varias reservas.

El senador Damián Zepeda (PAN) señaló que la ley la fortalecerá a la FGR en temas como rendición de cuentas, participación ciudadana y sanción por abuso de autoridad. Pero, dijo, queda un pendiente: dotar de autonomía presupuestaria, por lo que propuso que en el dictamen se estableciera que no se podrá disminuir, año con año, la partida presupuestal, pero esto fue rechazado.

Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Juan Zepeda indicó que con la nueva ley se robustece la autonomía de la Fiscalía General, se recupera el consejo ciudadano que había sido suprimido en la legislación anterior, y se crea una fiscalía especializada en género.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que para la creación de la ley de la FGR fueron escuchados los reclamos de las víctimas y se llevó a cabo un trabajo conjunto.

También destacó que esto ha permitido enriquecer la ley, desde la que dio origen a la FGR, al adecuar un lenguaje incluyente, fortalecer la participación de la ciudadanía al establecer un consejo como órgano especializado de consulta, dictar medidas de protección para las víctimas, crear comisiones especiales temporales para colaborar en la investigación de fenómenos de criminalidad y garantizar el principio de paridad en los procesos de selección del servicio profesional de carrera, entre otros aspectos.

“Con esta adenda (la modificación propuesta por las comisiones) se deja claro que la FGR seguirá respondiendo a las exigencias de las víctimas, porque seguirá interviniendo en el Sistema Nacional de Búsqueda”, agregó Monreal Ávila.

Solo el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza se pronunció en contra de la nueva ley de la FGR, al señalar que se están dando pasos hacia atrás para la impartición de la justicia. “Quedamos a deber en materia de legitimidad. Lo que tenemos que discutir es cómo dotamos la país para atender uno de sus más grandes pendientes, construir una fiscalía que consolide un sistema acusatorio y cómo se mantiene la independencia al interior de la fiscalía”, expuso.