Los grandes contribuyentes tienen un gran peso en la economía de México. Hasta el tercer trimestre del año pasado, que es la cifra desagregada más actual, aportaron cinco de cada 10 pesos que el Gobierno federal recibió a través del cobro de impuestos. Lo anterior equivale a 1 billón 294 mil millones de pesos pagados en nueve meses.

Si los pagos de los grandes contribuyentes mantuvieron su proporción (52 por ciento) como parte de todos los ingresos tributarios del sector público durante 2020, al cierre del año pasado habrían pagado una cantidad aproximada de 1 billón 736 mil millones de pesos, que tendrán que ser corroborados con los datos del cuarto trimestre del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

¿Qué significa lo anterior? Significa que los grandes contribuyentes habrían aportado el 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en el último año fiscal. Una cantidad de dinero que alcanza, por ejemplo, para cubrir las pérdidas acumuladas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los últimos cinco años, o para duplicar el gasto federalizado –que es el dinero que la Federación le da a estados y municipios– de 2021.

La cantidad de dinero que generan los grandes contribuyentes es enorme por sí sola, pero se vuelve más impactante considerando que se trata de un grupo muy reducido de personas físicas (individuos) y morales (empresas).

En la actualidad, sólo el 0.02 por ciento de todos los contribuyentes activos con obligaciones fiscales está inscrito en la lista de grandes contribuyentes. Se trata de 11 mil 730 personas físicas y morales nacionales y extranjeras que incluyen agentes forrados de dinero, entre los que figuran perfiles más allá de billonarios como Carlos Slim Helú, o de grandes conglomerados industriales como Coca-Cola.

Si bien es cierto que las compañías con ingresos iguales o mayores a mil 250 millones de pesos, así como aquellas con acciones colocadas en bolsa y toda la gente relacionada con ellas están en la lista de grandes contribuyentes, no son los únicos miembros del club del 0.02 por ciento.

Entre los grandes pagadores de impuestos también están todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Financiero Mexicano, las empresas productivas del Estado y otras instancias nacionales y extranjeras que componen el catálogo establecido en el apartado B del Artículo 28 del Reglamento Interior del SAT.

En un contexto como el actual, en que el PIB mexicano cayó 8.6 por ciento durante 2020 por el clima económico adverso agravado por la pandemia de coronavirus a nivel mundial, el colchón económico de los grandes contribuyentes sirvió para amortiguar el desplome de los ingresos del Gobierno federal.

Aunque la mayor parte (70 por ciento) de los pagos hechos por los grandes contribuyentes fue de manera voluntaria, el Gobierno federal, de la mano de la exjefa del SAT Margarita Ríos Farjat y de su sucesora Raquel Buenrostro Sánchez, tuvo que exprimir –con auditorías y mecanismos coercitivos legales como los embargos– a una parte del club del 0.02 por ciento que no cumplió con sus declaraciones y pagos de manera oportuna, e inclusive aquellos con adeudos fiscales (que componen la cartera de crédito del SAT).

Entre los miembros del club del 0.02 por ciento que habrían pagado adeudos estarían grandes contribuyentes como las compañías Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Walmart, que llegaron a un acuerdo con el SAT para cubrir casi 17 mil millones de pesos en conjunto durante 2020, de acuerdo con lo expresado en varias ocasiones por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el año pasado hubo 892 grandes contribuyentes que pagaron 215 mil 659 millones de pesos. Esta cantidad de dinero pagada fuera de tiempo o correspondiente a deudas fiscales de antaño incluye 92 mil 252 millones de pesos recaudados en efectivo, así como 123 mil 407 millones de pesos en cobros virtuales, que es dinero del contribuyente que aunque no fue pagado al SAT, queda imposibilitado de ser utilizado para obtener beneficios fiscales, por lo que no es deducible y genera incrementos en la recaudación subsecuente.

De acuerdo con la SHCP, el monto en efectivo de cobros atrasados y adeudados de grandes contribuyentes fue 135 por ciento superior al monto recuperado en 2019, cuando el SAT registró una cantidad de 39 mil 281 millones de pesos. Lo anterior se debe a una nueva estrategia fiscal –que será referida más adelante– y a la condonación de multas y recargos por adeudos (a los contribuyentes en general) a cambio de la liquidación de saldos pendientes de pago.

SACARLE AGUA A LAS PIEDRAS

El SAT tiene dos categorías básicas para diferenciar la cantidad de impuestos pagados de manera voluntaria y puntual por los contribuyentes, de los impuestos pagados por deudores que no cumplieron con sus declaraciones y pagos de manera oportuna. Los pagos del primer grupo de contribuyentes forman parte de lo que se conoce como “recaudación primaria”; y los pagos del segundo grupo están catalogados como “recaudación secundaria”.

Aunque los contribuyentes que pagan en tiempo y forma no están exentos de cometer irregularidades, los temas de elusión y evasión o defraudación fiscales son comúnmente relacionados con los pagos de recaudación secundaria.

La elusión fiscal, por un lado, no es un delito porque implica el aprovechamiento de vacíos y tecnicismos de ley para evitar o reducir el pago de impuestos. Pero la evasión o defraudación fiscal implica un delito que consiste en hacer “uso de engaños o aprovechamiento de errores” para omitir “total o parcialmente el pago de alguna contribución” u obtener “un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación.

Acerca de la recaudación secundaria de los grandes contribuyentes, es decir, del dinero pendiente de pago que venían arrastrando por cualquier razón y que tuvieron que pagar porque el SAT los obligó por las buenas (con actos de fiscalización sin proceso de judicialización) o por las malas (cobranza coactiva o judicialización), la jefa del SAT ha dicho que hay empresarios que tienen “ningún problema”, así como empresarios a los que “por usos y costumbres” no se les cobraba.

Entrevistada la semana pasada en La Octava de Radiocentro, Raquel Buenrostro Sánchez dijo que el aumento en la recaudación de impuestos atrasados fue parte de un cambio de esquema de auditorías y seguimiento de casos en tribunales, ya que aún hay empresas –como puede ser el caso de Elektra de Ricardo Salinas Pliego, que desde el año 2011 adeuda 4 mil 916 millones de pesos– que se rehúsan a pagar y que, en algunos casos, prefieren irse a litigios que se quedan en proceso de juicio durante años.

A l respecto, los datos de la SHCP indican que en 2020 hubo dos grandes contribuyentes que perdieron el proceso de judicialización ante la Procuraduría Fiscal y que por ende, tuvieron que pagar 3 mil 579 millones de pesos en efectivo.

“La estrategia es por sector económico. […] Lo que estamos haciendo es identificando cuáles son los sectores económicos que presentan indicadores de riesgo de mayor evasión y elusión fiscal, y nos vamos sobre esos sectores. Entonces, ahorita como estamos revisando es por sector y por monto”, explicó Buenrostro a los periodistas Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela.

“Aparte estamos agregando nuevos sectores económicos y […] otro cambio importante fue que se revisó por grupo corporativo, porque las verdaderas planeaciones fiscales están en los grupos corporativos y sobre todo en las empresas que tienen en otros países, que son las figuras que utilizan para llevar las utilidades […] a paraísos fiscales y no pagar los impuestos en México”, añadió la titular del SAT.

Lo que la dependencia a cargo de Buenrostro está haciendo es comparar la carga fiscal (impuestos como proporción de ingresos) que pagan los sectores económicos y los corporativos en México con lo que pagan sus homólogos en otros países, de modo que donde encuentran mayores diferencias inician un proceso de auditoría.

La tarea de “sacarle agua a las piedras” no es sencilla en la opinión de Buenrostro. Hasta la fecha, sólo 892 grandes contribuyentes han sido auditados por el SAT. Es decir, sólo el 7.6 por ciento de los grandes contribuyentes ha pasado las pruebas de fuego de las autoridades fiscales.

En este contexto, las cifras del SAT son sumamente reveladoras ya que, a pesar de reflejar una mejora en la eficiencia recaudatoria de pagos fuera de tiempo por parte del fisco federal, existe una desaceleración de los pagos a tiempo en el marco de la pandemia de Covid-19, a lo que se suma una desaceleración del aumento sostenido de los ingresos tributarios.

Por un lado, los datos oficiales indican que los pagos fuera de tiempo de todos los contribuyentes han tenido una tendencia a la alza desde 2007. Mientras que hace 13 años sólo el 5.5 por ciento de los pagos figuraba en las listas de recaudación secundaria, en 2019 la proporción fue de siete por ciento. Y para 2020, debido a la crisis económica agravada por la pandemia, el 16.7 por ciento de los pagos fue realizado fuera de tiempo.

Lo anterior implica que el pago voluntario y oportuno de impuestos se está reduciendo en México por diversas razones –como actos de posible corrupción y factores económicos, o de confianza en las instituciones y de cultura contable y tributaria– además de la crisis pandémica de 2020, lo que supone un reto en materia recaudatoria para el SAT en los próximos años.

Pese a la tendencia general, los datos del SAT refieren que los pagos fuera de tiempo de los grandes contribuyentes tuvieron una tendencia a la baja desde 2009. A mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el 62.4 por ciento de los pagos de grandes contribuyentes no fueron oportunos y voluntarios, en 2020 la proporción fue de 46 por ciento.

El hecho de que los grandes contribuyentes paguen cada vez más en tiempo y forma es un acierto de las autoridades fiscales de los últimos sexenios, máxime considerando que este año, los pagos atrasados en efectivo por 92 mil 252 millones de pesos representaron un boost o impulso de 2.8 por ciento a los ingresos tributarios netos del sector público.

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