EFE / El Confidencial

 

La nueva administración americana, liderada por el presidente demócrata, Joe Biden, está declarando la guerra a los paraísos fiscales. Y aunque normalmente al pensar en paraísos fiscales se vienen a la cabeza las Islas Caimán o las Bahamas, lugares que podrían, efectivamente, ser paraísos, la realidad es que esta nueva cruzada afecta también a algunos lugares mucho menos paradisíacos: la lluviosa Irlanda, los Países Bajos y la aburrida Luxemburgo.

Biden ha propuesto un impuesto mínimo de sociedades del 21% con el objetivo de evitar estos paraísos fiscales. Y esa medida, más allá de islas paradisíacas en el Caribe, también afectaría a Dublín, La Haya y Luxemburgo. Una empresa que paga sus impuestos en Irlanda paga algo más de la mitad de lo que propone ahora el nuevo presidente americano: el 12.5%.

El debate en Europa es tremendamente tóxico y lleva encima de la mesa muchos años sin que se haya avanzado en exceso. Bruselas ha ido aplicando un ‘poder blando’ con el objetivo de que estos países vayan cumpliendo con unos estándares mínimos, pero sin lograr progresos significativos.

Es un asunto que enfrenta a distintas facciones; Alemania, Italia, Francia o España reciben favorablemente este anuncio de la administración Biden. Pero para Irlanda o Luxemburgo esta medida puede traducirse también en pérdidas de empleo. En el caso irlandés, con oficinas de Apple, Facebook o Google, beneficiándose de sus bajos impuestos, uno de cada ocho empleos en el país depende de los gigantes digitales.

Durante mucho tiempo, se ha tratado de un asunto del que se hablaba en voz baja. Durante décadas, estos países han podido hacer negocios sin que saltara a la opinión pública europea, convirtiéndose en centros de negocios para grandes multinacionales que los utilizaban como bases para establecer esquemas fiscales agresivos con los que pagar menos impuestos en el resto de Estados miembros europeos. Todo se aceleró y se multiplicó con el crecimiento de los gigantes digitales, que revolucionaron el mundo de los esquemas fiscales agresivos.

A partir de 2014, la Comisión Europea y el equipo de Competencia decidieron empezar a complicarles la vida y Margrethe Vestager, comisaria del ramo, se dedicó a perseguir a estos Estados miembros por sus acuerdos fiscales concretos con algunas grandes empresas. En 2016, el Ejecutivo comunitario obligaba a Apple a abonar a las arcas irlandesas 13,000 millones de euros en impuestos no pagados gracias a un acuerdo fiscal.

Si Irlanda ya tiene impuestos bajos, el Gobierno había acordado con la empresa de la manzana cobrar todavía menos. “Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003, que bajó hasta el 0.005% en 2004”, explicó Vestager en una rueda de prensa el día que anunció la decisión.

El objetivo de la Comisión era complicarles la vida y evitar que explotaran todavía más las posibilidades de hacer ‘dumping’ fiscal al resto de países europeos. Pero eso no resolvía que sus impuestos de sociedades fueran muy bajos, lo único que atacaba era que ofrecieran pactos fiscales selectivos a algunas empresas. No había margen legal para más. El objetivo era ponerlos bajo los focos para facilitar un debate político. Y ni siquiera eso salió bien. En julio de 2020, el Tribunal General de la UE anuló la decisión de la Comisión Europea y por lo tanto tumbó la única estrategia con que contaba el Ejecutivo comunitario para presionar a estas capitales.

Romper el tabú

 

El asunto termina de explotar durante el debate para el diseño de un fondo de recuperación para hacer frente a los efectos de la pandemia. Países Bajos se mostró como el mayor opositor a una idea ambiciosa, y en el debate público comienza a aparecer el sistema fiscal holandés como un elemento más de la discusión.

El ministro de Finanzas holandés señaló que habría que estudiar si los Estados miembros que pedían ayuda habían sido fiscalmente responsables. Esas declaraciones desataron una tormenta. No eran el lugar ni el momento.

La respuesta por parte de la opinión pública de los países sureños, los más afectados y los que empujaban por ese fondo, fue al corazón del asunto: quizá sus arcas públicas estarían más llenas si La Haya no drenara sus ingresos permitiendo a las multinacionales pagar menos impuestos en su territorio. Al final, y con la temperatura subiendo, los líderes llegan a un acuerdo respecto al fondo de recuperación a mediados de julio: 750.000 millones de euros, a precios de 2018, para la reactivación de la economía tras la pandemia.

Al bajar la temperatura, el asunto fiscal pasó a un segundo plano, pero no ha desaparecido. Esta discusión no era ni mucho menos nueva ni había surgido a raíz del debate del fondo. La Comisión Europea ya había avisado en ocasiones anteriores, en los informes anuales sobre las economías de los distintos Estados miembros. “Según un documento reciente del FMI, Países Bajos es el segundo mayor receptor de inversiones extranjeras directas realizadas a través de entidades de propósito especial en todo el mundo después de Luxemburgo”. Y es también, junto con su socio del Benelux, uno de los países con más ‘empresas buzón’ del mundo: oficinas sin empleados que sirven para canalizar ingresos vía ese Estado miembro y pagar menos impuestos.

En julio, incluso la Comisión Europea, a la vista de la sentencia del Tribunal General que iba a tumbar su decisión sobre los 13.000 millones de euros a Apple, filtró que estaba considerando la posibilidad de utilizar el artículo 116 de los tratados para poner en marcha una nueva norma. Esta cláusula, no utilizada hasta ahora, señala que “en caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados”.

Si esas consultas “no permiten llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los tratados”. En otras palabras: la Comisión Europea podría iniciar una directiva que buscaría acabar o limitar el ‘dumping’ fiscal dentro de la Unión Europea, al considerarlo una distorsión del mercado interior, utilizando el artículo 116, que, por lo tanto, se pondría en marcha por procedimiento legislativo ordinario, es decir, los Estados miembros afectados no podrían vetar la norma, que se tendría que aprobar con una mayoría cualificada: sumar a 15 países del total de los 27 con una población superior al 65% de toda la UE.

 

La era Biden

 

No ha habido novedades sobre la posibilidad de utilizar ese artículo, una opción complicada políticamente y muy divisiva. Pero Biden parece dispuesto a ayudar a España, Italia, Alemania o Francia en el debate interno. Y además la Administración americana ha vuelto a discutir con sus socios de la OCDE respecto a la idea de un impuesto para los gigantes digitales, que es una pata más necesaria para la reforma de la fiscalidad global, y un asunto que muchos socios europeos consideran prioritario.

También en la OCDE se discute la idea de un impuesto global de sociedades. Y lo más seguro es que el 21% que propone Biden no permita lograr un consenso, por lo que si hay un acuerdo será a un nivel más bajo. Pascal Saint-Amans, al frente de las negociaciones, cree que la reunión de ministros de Finanzas del G-20 en julio puede marcar un punto clave.

Para Irlanda, este debate es fundamental, porque muchos de los empleos con los que cuenta el país dependen de empresas que tienen sede en Dublín precisamente por sus bajos impuestos. Paschal Donohoe, que además de ministro de Finanzas del país es presidente del Eurogrupo, defendió recientemente el derecho de los países pequeños a utilizar la competencia fiscal como un instrumento legítimo. “Creo que los países pequeños, e Irlanda es uno de ellos, deben poder utilizar la política fiscal como una palanca legítima para compensar la ventaja real, material y persistente de que disfrutan los países más grandes”, señalaba.

El resto de socios europeos no está dispuesto a soltar la presa. Llevan años buscando que haya un mayor equilibrio dentro de la Unión Europea y no quieren desaprovechar la oportunidad. En febrero, los ministros de Industria también acordaron resucitar una propuesta de la Comisión Europea de 2016 para que las grandes multinacionales que facturen más de 750 millones de euros tengan que declarar cuánto pagan al fisco de cada país en un ejercicio de transparencia que busca aumentar la presión sobre las propias empresas y sobre las capitales.

Los vientos del debate soplan justo en la dirección contraria a los intereses de Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos, pero también de otros países europeos con unos impuestos muy bajos, como Malta, Chipre o Hungría. Los ministros de los tres primeros países, sabiendo que están en el foco, han dado la bienvenida a la propuesta de Biden. Otro asunto será el debate en la OCDE, donde intentarán rebajar daños, como demuestran las declaraciones de Donohoe. Su luna de miel parece haber llegado al final tras años de aumento de la presión por parte de la Comisión Europea y del resto de Estados miembros. Biden les está rematando.