La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) abrió un expediente en contra de la expanista Ana Teresa Aranda y al menos nueve personas cercanas a ella, supuestamente por haber falsificado documentos para su registro como candidata independiente a la gubernatura en 2016.

Así lo señaló el abogado Jorge Picazo, quien dijo que otros de los presuntos implicados en la acusación serían: Miguel Mantilla Martínez, Juan Francisco Menéndez Priante, Francisco Javier Torres Sánchez, José Felipe Puelles Espina y Pedro Barojas de Rosas.

Desde la madrugada de este miércoles, un grupo de panistas advirtió sobre la presencia de ministeriales afuera de la casa de Aranda, al parecer con la intención de detenerla.
Vía telefónica, la propia Aranda aseguró que se trata de una maniobra orquestada por la dirigencia estatal de PAN, a cargo de Jesús Giles y Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Este ardid político, explicó, habría iniciado con el proceso de expulsión que a mediados de marzo inició el partido contra 73 panistas, supuestamente por haber firmado para el registro de Aranda como candidata independiente en los comicios de 2016.

Como parte de ese proceso, indicó que los panistas que aparecieron en esa lista fueron citados a declarar ante la Comisión de Orden y Vigilancia del partido, presidida por Israel Mancilla, quien al mismo tiempo que mantiene el cargo partidista se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“Les preguntaban: ¿tú firmaste en apoyo a Ana Tere?, y los que decían que no pasaban a un cuarto contiguo. Dicen los que entraron que había personal del Tribunal y de la Fiscalía y que ahí los tenían un buen rato ayudándoles a construir una declaración-denuncia en contra de una servidora”, sostuvo.

La exsecretaria de Desarrollo Social recordó que desde un principio llamó la atención que en esa lista de 73 panistas que dio a conocer la dirigencia estatal aparecieron miembros como Martha Patricia Thomé Andrade, Dolores Aquino Aquino y José Enrique Guerrero Romero, quienes están ligados al exmandatario estatal, y ahora ellos serían algunas de las personas que pusieron la denuncia en su contra.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado rechazó contar con una investigación y mucho menos una orden de aprehensión contra Aranda Orozco, “por lo tanto, es falso que agentes de la Policía de Investigación intentaran detenerla”, apuntó en un comunicado.

Añadió: “Este 5 de abril se manejó la versión de que un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudió a la zona residencial Morillotla, a fin de cumplir una orden de aprehensión contra la persona referida, lo cual es completamente falso, ya que la Fiscalía General no cuenta con registro de alguna denuncia o investigación en su contra”.

Desde un principio resultó polémica la forma en la que el PAN obtuvo las cédulas ciudadanas que respaldaron el registro de Aranda, pues mientras el dirigente estatal Jesús Giles aseguró que se lograron por solicitud de transparencia, el Instituto Electoral del Estado afirmó que se entregaron porque fue solicitada por el representante panista ante el Consejo.

Cuando se dio a conocer el procedimiento contra los acusados, Aranda y otros militantes aseguraron que se trataba de sacar del partido a todos los opositores a Moreno Valle que pudieran dificultar la designación de la esposa de éste, Martha Erika Alonso, como candidata a la gubernatura en 2018.

Además, desde el arranque del sexenio morenovallista, Aranda se convirtió en una de las principales críticas del ahora exmandatario, y cuando decidió registrarse como candidata independiente tuvo que recurrir a más de una decena de amparos ante los obstáculos que le impuso la autoridad electoral local.

Terminado el proceso electoral, Aranda y sus abogados demandaron la destitución de los consejeros de Puebla, por asegurar que actuaban por consigna de Moreno Valle.
Perredista también es perseguida.

Una situación similar ocurre en el PRD, donde militantes de ese partido allegados a Moreno Valle presentaron una denuncia en contra de la dirigente estatal del partido, Socorro Quezada Tiempo, y el senador Luis Miguel Barbosa.

El diputado Julián Rendón y el exregidor Arturo Loyola acusaron a Quezada y a Barbosa de ser los autores de una amenaza de muerte anónima que recibieron en un sobre que enviado a una oficina.

“Diputado Julián, te pedimos que pares tus ataques contra la dirigencia del partido porque el fuero no es chaleco antibalas”, dice el mensaje.

La diputada local y dirigente del partido aseguró que se pondrá a disposición de las autoridades para que la investiguen sobre esa denuncia. “No me ampararé en el fuero constitucional, me pongo a disposición de la justicia estatal, y le he pedido al fiscal (Víctor) Carrancá que agilice las investigaciones”, expresó.

Quezada precisó que son dos carpetas de investigación las que se abrieron: una en la que se le señala por el robo de instalaciones de Loyola y otra sobre la supuesta amenaza de muerte que recibió Rendón.

La perredista incluso condenó las amenazas y amedrentamiento hecho en contra de Rendón y Loyola, a los que llamó “compañeros de partido”, y pidió que se investigue para dar con los responsables.

Texto publicado originalmente en: Proceso