El Economista

 

“La pobreza laboral soy yo, entonces, y mi esposo también”, dice Guillermina Chávez Martínez después de escuchar a qué se refiere ese término del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El organismo lo define como el porcentaje de la población con un ingreso, producto de su trabajo, inferior al costo de la canasta alimentaria. Para caer en ese grupo no se necesita mucho, el género, la edad, el lugar de nacimiento, la racialización, una discapacidad, pertenecer a las disidencias sexuales o ser mamá son algunos de los requisitos fáciles de cumplir. Un sistema corrupto y burocrático terminan por dar el último empujón.

El último reporte del Coneval sobre la pobreza laboral indica que del segundo al tercer trimestre de 2021 hubo un aumento de 0.9 puntos porcentuales a nivel nacional en este indicador, al pasar de 39.9 a 40.7 por ciento. Es decir, más de 52 millones de personas tienen un ingreso laboral en sus hogares, pero no les alcanza ni siquiera para comer bien. “La medición toma en cuenta sólo la canasta básica alimentaria, pero la gente necesitamos más que eso. Simplemente para ir a trabajar, tenemos que gastar”, dice Selene Garrido.

Ella es periodista y vive en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Esa entidad fue la que registró el mayor aumento de pobreza laboral en el tercer trimestre del año, con un crecimiento de 6.6 por ciento. Desde hace casi 10 años trabaja en instituciones públicas, pero la única ventaja que eso le ha traído es tener medianamente asegurado un salario quincena tras quincena que, durante nueve años en el Sistema de Radiotelevisión, fue de un máximo de 3,500 cada dos semanas.

En 2020, el primero de la pandemia de covid-19, el porcentaje de la población en pobreza laboral llegó al 46 por ciento. Así que, en esa comparación estamos mejor.

Otra mejoría que destaca el Coneval es que en el último año el ingreso laboral real per cápita aumentó de 2,460 a 2,769 pesos. Eso representa un aumento de 12.5%, o 308 pesos. En promedio, la población está ganando más, pero el factor inflación está mermando el avance.

Entre julio a septiembre de este año “la inflación general anual promedio fue de 5.8 por ciento”, casi dos puntos porcentuales mayor a la presentada hace un año.

Además, el aumento en el ingreso laboral real ocurrió sólo en los municipios no indígenas. El de las personas ocupadas que pertenecen a algún pueblo originario disminuyó 6.1 por ciento. Mientras que una persona no indígena ganó 6,720 pesos en promedio, las indígenas ganaron 3,095 pesos en promedio.

Las discriminaciones estructurales, de raíz, propician que una gran parte de la población trabaje, y trabaje mucho, pero siga siendo pobre, señala Hilda Rodríguez, economista del Centro de Estudio e Investigaciones de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, apunta, las valoraciones de género han provocado que las mujeres se encarguen de la mayor parte del trabajo del hogar, “lo cual se vio agravado con la pandemia. Las mujeres regresaron a los hogares a dedicarse a cuidar”. En tanto no haya condiciones para que las escuelas reciban a estudiantes, “muchas mujeres no podrán regresar a sus actividades remuneradas”.

Por otro lado, gran parte de las personas que menos ganan tienen un nivel de escolaridad bajo. Indígenas o de contextos rurales, una parte de las disidencias sexuales, personas con discapacidad y adultas mayores conforman una buena parte de esta población con poca capacitación y habilidades desarrolladas para conseguir un mejor trabajo, agrega.

Por ejemplo, hace 18 años, Guillermina Chávez, de 56 años, abrió una tienda de abarrotes en su colonia en Nicolás Romero, Estado de México. Hasta hace unos cinco años “era negocio”, cuenta en entrevista. Su esposo, Javier Jiménez Rodríguez, trabajaba como obrero en una fábrica de papel, pero con dos hijas, el salario mínimo que recibía no era suficiente para mantener a toda la familia.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la familia promedio en México se conforma por cuatro personas. Y según los estándares del Coneval, el salario mínimo general debe alcanzar para que, juntando el de dos personas, puedan solventar el gasto de los cuatro integrantes. Aunque la Constitución indica que el pago de una sola persona debe ser suficiente para sostener a los cuatro integrantes.

Cuando abrió la tienda, la señora Guillermina Chávez tenía 36 años, se dedicaba principalmente al trabajo del hogar. Pero antes, siempre “buscaba la manera de tener un ingreso extra para mis hijas y para mí. Es mejor tener un dinerito propio”. Su negocio, dice, pagó las licenciaturas en Educación y Contabilidad de sus hijas. “Ahora ellas tienen una vida hecha, ya son mamás”, ejercen sus carreras y son clave en el sostenimiento económico del matrimonio Jiménez Chávez.

Últimamente ha pensado en cerrar la tienda. “El año pasado tenía dinero para surtirla, pero no había gente, ahora ya hay gente, pero no tengo dinero para resurtirla”. Previo a la covid-19, ambos juntaban 8,000 pesos al mes, ahora con dificultad están llegando a 3,000 pesos mensuales.

“Éste es un pueblo dormitorio, la gente viaja hasta a Naucalpan o Tlalnepantla, en el Estado, o a la Ciudad de México para trabajar todo el día. Acá sólo vienen a dormir”. Así que una buena parte de su clientela la conformaban los niños y las niñas que de lunes a viernes pasaban por ahí rumbo a la escuela o de regreso. Pero la pandemia les confinó en sus casas.

El ingreso mensual promedio de las personas que laboran en la formalidad es de 9,211 pesos, mientras que quienes están en situación de informalidad reciben 4,405 pesos al mes, de acuerdo con el Coneval.

“El 90% de las personas jornaleras agrícolas no tiene prestaciones. Además, sabemos que ganan los salarios más bajos”, apunta Hilda Rodríguez. “El Índice de Tendencia de Pobreza Laboral (ITL) de Coneval es un indicador fundamental, pero sólo mide el costo de la canasta alimentaria. Hay que considerar estos otros aspectos, la informalidad orilla a la gente a usar sus recursos a la atención a la salud y los cuidados. Y decidir entre atender su salud o comer”.

Aunque aumente el salario mínimo, dice, “van a mantenerse en condiciones de pobreza, porque al no tener prestaciones, asumen todos esos gastos de sus bolsillos”.

Además, una parte de la población ocupada no recibe ingresos, apunta. “Es un problema fuerte, hablamos de 7.4% en el tercer trimestre de 2021, son casi 2 millones de hombres y 1.5 millones de mujeres. Quizá laboran en negocios de la familia, pero ocupan su tiempo en actividades laborales y no ganan dinero, lo que reproduce una condición de pobreza”.