La pandemia provocó la crisis laboral más grande de la historia moderna a escala global y las mujeres, uno de los grupos históricamente más vulnerables en esta esfera, enfrenta efectos todavía más profundos en términos de trabajo. 

De acuerdo con el último Informe Especial Covid-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pandemia ha borrado al menos diez años de avances en la participación laboral femenina. En la región de América Latina, la tasa de participación de las mujeres se situó en 46% en 2020 lo que implicó una pérdida de seis puntos porcentuales respecto del nivel previo a la pandemia. 

Estos bajos niveles de mujeres ocupadas en actividades remuneradas no se registraban desde hace una década; la proporción de mujeres que fueron expulsadas del mercado laboral se profundizó con la implementación de nuevas dinámicas sociales y escolares.

En México, según los reportes especiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría de las mujeres que trabajan declaró que aunque podía hacer home office también tenía jornadas más largas y una mayor carga de labores del hogar o de cuidado de niños y adultos mayores. 

La distribución desproporcional de estas tareas y la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral profundizaron no sólo la baja participación laboral femenina sino también la, significativamente amplia, brecha con sus pares hombres. Mientras en 2019 la brecha era de 21 puntos porcentuales, para el 2020 creció a 23.

La participación de mujeres en el mercado laboral remunerado, además de estar golpeada por la necesidad de destinar más recursos a actividades del hogar, también se vio presionada por la proporción de mujeres que se ocupaban en los sectores informales y de primera línea de atención: la hostelería, el comercio minorista, el trabajo remunerado en hogares, la educación y la salud.

En estos sectores -que han sufrido las mayores pérdidas de empleo- se registran cerca de 65% de mujeres en riesgo laboral alto por sólo un 44% de hombres en la misma situación, de acuerdo con cifras del Informe elaborado por la Cepal.

La crisis por Covid-19 generó una contracción de 7.7% del PIB de América Latina, eliminando miles de empleos y arrastrando a la pobreza a un mayor porcentaje de la población total, especialmente en los países con problemáticas de desigualdad.

Bajo este contexto, la organización calcula que para 2020 cerca de 118 millones de mujeres en la región caigan en situación de pobreza; esta cifra es equivalente casi al total de habitantes que tiene México. Esta situación implica también que sólo en un año la pandemia habrá sumado 23 millones de mujeres y niñas a la pobreza.

En la región, el ingreso laboral de las mujeres equivale al 70% del ingreso de los hombres. A pesar de esa desventaja, el aporte femenino es fundamental para mitigar la pobreza, tanto si las mujeres perciben ingresos monetarios como si hacen un aporte no remunerado al hogar, aporte que se transforma en un impuesto “reproductivo”, que permite un ahorro en gastos de salud, cuidado de los niños y de sus integrantes de la tercera edad, por citar sólo los ejemplos más claros.

Ese aporte de las mujeres al bienestar se convierte, como demuestra el estudio de la Cepal, en el origen de las desventajas que enfrentan las mujeres en su inserción laboral y, por lo tanto, para disponer de autonomía económica.

La situación es aún más grave en el caso de las mujeres que, además, tienen parejas y niños pequeños a los que deben cuidar, para lo cual deben postergar su capacitación y su acceso al mundo laboral y, por lo tanto, renunciar a la protección social que este trae aparejada.

Todas las mujeres, independientemente de su inserción en el mercado laboral, consagran una proporción importante de su tiempo al cuidado, orden y administración del hogar, por lo que la categoría de “inactivas” aplicada a las amas de casa es evidentemente inadecuada.

La dificultad de una inserción beneficiosa en el mercado laboral se extiende a la vida ciudadana y al mundo de la política en los que, como se ha comentado, a pesar de los avances de la última década, las mujeres han logrado una representación minoritaria en el parlamento, el poder ejecutivo y otros poderes del estado.

El reporte de la Cepal pone en evidencia la necesidad de generar círculos virtuosos que favorezcan el acceso universal a la protección social, siempre y cuando se ejecuten políticas que promuevan la igualdad en el mercado de trabajo, la familia y la política, sólo a través de medidas explícitamente orientadas a lograr la igualdad en las esferas pública y la privada se podrán alcanzar de recuperación económica y, particularmente, el relativo a promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Aunque el organismo sí destaca el esfuerzo hecho por varios países en esa dirección.

 

Urge incorporar la dimensión de género en las políticas fiscales frente a la pandemia y la economía del cuidado en una recuperación transformadora: Cepal

 

A finales del año pasado, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la (Cepal) habría planteado la urgencia de implementar políticas fiscales activas con enfoque de género en el corto plazo para mitigar los efectos desproporcionados de la pandemia del Covid-19 sobre las mujeres, así como de construir un pacto político a todo nivel basado en los principios feministas de redistribución del poder, el tiempo, el trabajo y los recursos, para avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga la igualdad y la sostenibilidad ambiental en el centro.

La participación de la alta funcionaria de la región fue en el seminario web “Gendering the Post-Pandemic Global Economic Recovery: A Paradigm Change”, organizado por el Women Lead program (SWL) de la School of Advanced International Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, junto con Nancy Folbre, profesora y economista feminista, y Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, con la moderación de Chiedo Nwankwor, directora del SWL.

La desigualdad de género ha sido exacerbada por la pandemia en América Latina y el Caribe, ya que las mujeres de la región se han visto más afectadas por el aumento del desempleo, de la pobreza y por la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, remarcó Bárcena durante su intervención.

La Cepal reportó que 231 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020 en América Latina, de los cuales 118 millones fueron mujeres. Además, 21 millones de mujeres estarán desempleadas y una de cada dos trabajarán en el sector informal, es decir, sin protección social, señaló la alta funcionaria.

En América Latina y el Caribe, las mujeres alcanzan en promedio mayor cantidad de años de estudio que los hombres pero esto no se refleja en lo laboral (población entre 15 y 24 años); participación femenina en el trabajo remunerado es de sólo 51.3% frente al 74% de los hombres, apuntó la secretaria ejecutiva.

Se requiere, dijo Bárcena, asignación presupuestaria concreta para la protección del empleo de las mujeres, tanto en el sector formal como informal; promover su plena participación en la producción y en los beneficios de la revolución digital; cerrar la brecha de acceso al financiamiento por medio de la entrega de créditos y seguros; eliminar la violencia de género y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos; y expandir los servicios de cuidado, tanto públicos como privados, con adecuada remuneración y protección social.

Invertir en la economía del cuidado -trabajo que debe ser visto como un bien público- es clave para lograr una recuperación sostenible en el mediano y largo plazo, enfatizó Bárcena, destacando los ejemplos de Argentina y Uruguay como países con sistemas nacionales de cuidado que pueden ser profundizados y fortalecidos.

En lo inmediato, la Cepal ha creado el Observatorio Covid-19 en América Latina y el Caribe para identificar las medidas implementadas por los países como respuesta a la crisis desatada por la pandemia, incluidas aquellas relacionadas con la igualdad de género, indicó Bárcena.

La región cuenta, además, con el Compromiso de Santiago, aprobado en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal y ONU Mujeres en enero de este año, que debe transformarse en la guía para implementar políticas integrales de reactivación y transformación económica, con propuestas específicas en materia macroeconómica, comercial, de economía del cuidado y en el área de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Una recuperación y transformación económica con la igualdad de género en el centro debería reconocer y redistribuir el poder, el tiempo, el trabajo y los recursos. Necesitamos romper el silencio estadístico y empoderar a las mujeres en las tres dimensiones de su autonomía (económica, física y política) a través de un pacto político a nivel nacional y regional”, remarcó la secretaria ejecutiva de la Cepal, quien llamó a asegurar la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad al más alto nivel.

“La transformación debe ser feminista, o no será”, exclamó.

 

Mujeres migrantes, en el contexto de la pandemia

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró la actual emergencia mundial de salud pública, misma que, aún año de la pandemia Covid-19, ha agravado la ya difícil situación de muchas personas en contextos de movilidad humana.

Muchas mujeres migrantes están en la primera línea haciendo frente a la pandemia y, asimismo, ellas están entre las poblaciones que son más afectadas por los impactos de la Covid-19-, tanto en términos de su salud (menores niveles de cobertura de salud y peores condiciones de vida) como a los impactos económicos (precariedad laboral, pérdida de ingresos) y sociales.

El acceso limitado a la seguridad social las pone en un alto riesgo de perder sus medios de subsistencia, de contraer el virus y que no se respeten sus derechos humanos.