A unas horas de concluir, el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas dejó en prisión a seis presos políticos: un mototaxista de Santa María Coronango, cuatro dirigentes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, y el ex secretario del Medio Ambiente durante la gestión marinista, Francisco Castillo Montemayor.

Las cifras fueron dadas a conocer por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión en Puebla, que registró 355 casos de represión, procesados y presos políticos por disentir, oponerse a las políticas o proyectos del mandatario panista.

Esto ubicó al estado como el primer lugar nacional con el mayor número de presos políticos en México.

La asociación civil informó que cientos de personas en Puebla vieron restringida su libertad, seguridad y economía por la persecución que padecieron del gobierno estatal, e incluso algunos asumieron el costo con su propia vida.

Dos de esos poblanos convertidos en presos políticos fallecieron enfrentando un encierro injusto o cargos inventados: el luchador social Delfino Flores Melga, quien a sus 90 años murió en el penal de San Miguel; y Antonio Víctor Montes Xelhua, uno de los cuatro campesinos de San Bernardino Chalchihuapan acusados por el gobierno estatal de incurrir en ocho delitos, entre ellos el homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

Los cargos contra ambos al final nunca fueron probados, pero Montes Xelhua tuvo una recaída en su salud que le ocasionó un cuadro de hipertensión y depresión severa, a raíz de su encarcelamiento. Pereció a la edad de 55 años de edad sometido a libertad condicional.

De acuerdo al balance efectuado por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos también dos personajes de edad avanza permanecen en reclusión, a pesar de su edad avanzada y sus problemas crónicos de salud, que ponen en riesgo su vida.

Se trata del fundador y asesor principal de la “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio; y de Francisco Castillo Montemayor, este último con 71 años de edad, quienes no corrieron con el beneficio de arraigo domicilio, como sucedió con Juventino Tlahuel, Enedina Rosas Vélez y Néstor Espinosa López.

El caso más reciente de liberación fue del ex presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, quien dejó el penal de San Miguel de Puebla, el pasado 4 de septiembre.

Montes Bautista estuvo dos años privado de su libertad, como único responsable de los hechos violentos del 9 de julio de 2014, donde falleció el menor José Luis Tehuatlie, asesinado por policías estatales.

El Comité explicó que existen 136 personas procesadas y 150 órdenes de aprehensión libradas, por lo que se puede hablar de al menos 302 casos, a los que se suman 17 procesados que heredó del gobierno marinista en contra de campesinos de San Andrés Azumiatla que continúan abiertos, así como las 36 órdenes libradas en 2006 contra pobladores de Huaxcaleca que siguen vigentes.

dódoro presos

Diódoro Carrasco pretende acallar la cuestión de los presos políticos: González Barranco.

Ante tal panorama, Carolina González Barranco refirió que es la clara expresión del control que el Ejecutivo estatal ha detentado sobre las instituciones jurídicas que, lejos de impartir de injusticia, fabrican delitos a modo, violando toda garantía al debido proceso”.

A pesar de la lista de 355 perseguidos y procesados en el estado, censuró que el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, pretenda “acallar lo evidente” negando sin sustento esta situación.

Expuso que la postura asumida por Carrasco durante su comparecencia ante el Congreso local sólo confirma el autoritarismo que imperó a lo largo del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, a través de un “Estado que fungió como un ente policiaco para castigar a la disidencia”.

En esa lógica, sugirió al encargado de la política interna del estado revisar lo que Amnistía Internacional reconoce como “preso de conciencia” y “preso político”, así como a asumir una postura digna e independiente.

Al final, González Barranco dijo que es la séptima vez que la administración de Moreno Valle rechaza sin mayor argumento la existencia de presos políticos, pese a que el Comité que representa ha contabilizado 302 casos durante el sexenio, de los cuales seis continúan en confinamiento.

Por lo tanto, concluyó que la defensa del derecho al trabajo, la resistencia a obras que resultarán nocivas para el medio ambiente y la vida humana, así como la oposición a la destrucción del patrimonio histórico o la simple protesta por un mal servicio público o una decisión arbitraria de la administración morenovallista llevó a mototaxistas, transportistas, activistas, campesinos, abogados y ciudadanos a permanecer en prisión o enfrentar acusaciones penales de manera injusta.

presos upva

Han surgido un gran número de movilizaciones pidiendo la liberación de los presos políticos.

Texto publicado originalmente en: La Jornada de Oriente