Proceso

A un año de la actualización del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la economía más poderosa del mundo ya llevó a nuestro país ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que está incluido en el acuerdo comercial.

Presionado ante futuras solicitudes de revisiones obrero-patronales, como es el caso de las plantas de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, y Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, y una lenta puesta en marcha de la reforma laboral, el gobierno mexicano participa en ese mecanismo con funcionarios improvisados, a diferencia de sus pares estadunidenses.

La carencia de experiencia de la parte mexicana no es asunto menor ante la tradición proteccionista del gobierno estadunidense en materia comercial, mucho menos frente a la promesa de su presidente, Joe Biden, de apoyar incondicionalmente a los sindicatos de su país, a los que se les atribuye “la creación de la clase media estadunidense”, según un artículo del Chicago Tribune del 13 de mayo último.

De hecho, el Anexo 23 del Capítulo Laboral del T-MEC, donde se establece el MRR, fue impulsado por el ala demócrata –partido de Biden– del Congreso estadunidense, integrándolo en el Protocolo Modificatorio negociado a finales de 2019 por el entonces subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri.

Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon-Economía-Derecho-Estrategia, e inicial jefe de la negociación técnica del T-MEC, advierte en entrevista con Proceso:

También maestro en economía internacional por la Universidad Johns Hopkins, School of Advanced International Studies, considera que el capítulo laboral en cuestión es el más avanzado de la relación comercial de América del Norte.

 

México ofrece a EU revisar presunta violación de derechos laborales en la planta Tridonex

 

Hace un mes, el gobierno de México se comprometió con Estados Unidos a revisar la presunta violación de derechos laborales en la planta de autopartes Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas.

“Como parte de los trabajos y plazos establecidos en el Tratado, la SE, en coordinación con la STPS y demás agentes involucrados, revisarán la solicitud presentada por Estados Unidos, a efecto de determinar con hechos y elementos jurídicos si existe o no una denegación a los derechos laborales referidos con base en los compromisos asumidos en el T-MEC y, en su caso, consensuar un curso de reparación con las contrapartes de Estados Unidos”, señalaron en un comunicado conjunto las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Economía (SE).

De acuerdo con las dependencias, el gobierno de México está comprometido a garantizar el debido cumplimiento del Tratado en favor del reconocimiento y respeto de los derechos de los trabajadores de México y de la región de América del Norte.

Lo anterior, luego de que el gobierno estadunidense, en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, solicitó una revisión para determinar si existe o no una denegación de derechos laborales relativos a la libre asociación y negociación colectiva de los trabajadores de Tridonex.

El sindicato de trabajadores de la planta de General Motors en Silao deberá reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) decidió anular la votación anterior. 

Esto deberá ocurrir en un plazo de 30 días naturales, sin prórroga, dio a conocer la dependencia.

La decisión de la Secretaría del Trabajo se anunció mientras se conocía también la decisión del gobierno estadunidense de recurrir al mecanismo de “Respuesta rápida” para revisar si se está negando el derecho de libre asociación y la negociación del contrato colectivo de trabajo a los empleados de la armadora en Silao. 

Al supervisar la votación efectuada los días 20 y 21 de abril en la GM de Silao, la STyPS encontró irregularidades que llevaron a la anulación del proceso efectuado por parte del Sindicato Nacional de trabajadores de la industria metal mecánica, sidero-metalúrgica, automotriz y proveedores de autopartes de la república mexicana “Miguel Trujillo López”. 

Además, la STyPS acreditó no sólo causales para la invalidez de la consulta, sino anomalías graves que vulneraron el proceso y sus resultados, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 

Inspectores de la Secretaría constataron la destrucción de boletas y la negativa de los representantes del sindicato para entregar las boletas sobrantes, entre otras anomalías. 

En los días posteriores, trabajadores inconformes con la dirigencia sindical y la votación han señalado que son víctimas de hostigamiento dentro de la empresa. 

Por ello, se hizo también del conocimiento a la Dirección general de asuntos jurídicos y la Dirección de inspección federal del trabajo, donde se revisan las condiciones irregulares que pudieron derivar en la violación de derechos de la libertad sindical y la negociación colectiva. 

Para la reposición del proceso de legitimación, la Secretaría del Trabajo ofreció garantizar que se cuente con un padrón confiable de trabajadores con derecho a votar; que se dé la máxima publicidad a la convocatoria y al propio contrato colectivo de trabajo, así como que se cuente con espacios confiables para llevar a cabo la consulta. 

También se tendrán que garantizar el reforzamiento de mecanismos de observación y vigilancia electoral, y la no intromisión de la empresa o del propio sindicato.