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Durante la continuación del debate sobre diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la revisión a personas y vehículos sin una orden judicial por parte de los cuerpos policiacos del país, medida que ya había impugnado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La medida modifica los artículos 132 fracción VII; artículo 147, tercer párrafo, así como también realiza ajustes a los artículos 251, fracciones III y V y a los postulados legales 266 y 268 del citado código, por los cuales la SCJN consideró válidas las inspecciones a personas y vehículos del país por parte de los diferentes cuerpos de seguridad pública. Lo anterior, sin orden judicial o ministerial, medida que está prevista en el código que regula los procedimientos del nuevo sistema penal, en una decisión que avalaron, por mayoría, los ministros de la Corte. De esta manera quedó aprobado el proyecto que presentó, para tales efectos, el ministro Javier Laynez Potisek, mismo que argumentó, la medida es avalada en todos sus términos, ya que, para él, las inspecciones policiacas representan controles preventivos y provisionales, además, han sido autorizados al amparo de la prevención y persecución de delitos.

Bajo ese argumento, el autor de este proyecto consideró infundadas las impugnaciones que, en su momento, presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, según dice, la medida que se ha decretado como válida trasgrede los derechos a la libertad de toda persona al libre tránsito, seguridad jurídica y privacidad, además de atentar contra su integridad física. Laynez Potisek reiteró que las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales tienen por objetivo de prevenir el delito en sus diferentes facetas, esto, para garantizar la seguridad de las personas, por lo que insistió en que los argumentos expuestos por la CNDH, carecen de toda sustentabilidad. El ministro de la Corte aseguró que las inspecciones son “actos momentáneos y excepcionales de molestia”, y tienden a detectar objetos o instrumentos que pueden usarse para la comisión de un delito, las cuales portan entre sus ropas o posesiones, así como también los pueden transportar en sus vehículos, permitiéndoles hacerlo de manera forzosa, en caso de existir resistencia a ello. Asimismo, afirmó que la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: una de ellas es cuando el ilícito es evidente a la vista del policía o, en su defecto, cuando la inspección es la que revela ese delito o probable delito, también expresó que, para este último caso, serán los Jueces de Control los que califiquen la validez de la inspección, esto es, si la misma fue legal o no.

Por su parte, al exponer sus razones, el Ministro Presidente, Luis María Aguilar, afirmó que las inspecciones, son una medida proporcional, idónea y con un fin constitucionalmente válido, de proteger y resguardar la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos. En la larga sesión, en la que el debate estuvo a punto de quedarse atorado al tocar temas sobre los criterios que se deben aplicar para la ejecución de las inspecciones, entre otros aspectos, el Ministro Fernando Franco se sumó a otros tres ministros de la Primera Sala que votaron contra varios aspectos, que aseguran, podrían ser violatorios de los derechos humanos, como es el punto concreto de las inspecciones forzosas a los vehículos o a las ropas de las personas, donde no se deja en claro cuáles serían los límites o las reglas a seguir para validar una revisión forzada, entre otros puntos clave.

Sin embargo, cabe aclarar que, pese a la aprobación de estas medidas, no todas fueron aprobadas por mayoría, ya que algunas partes de los artículos 251, 266 y 269 del código fueron avalados por mayoría de ocho votos, y otras sólo tuvieron siete, por lo que para el Ministro José Ramón Cossío no habrá votación suficiente para que los criterios del proyecto sean obligatorios para el resto del Poder Judicial. Lo anterior, significa que, agregó Cossío, “si empiezan a llegar a la Primera Sala de la Corte amparos contra las inspecciones, estos los podrían otorgar, pues tres de sus cinco integrantes, estuvieron en la minoría de ayer. Finalmente, cabe mencionar, como lo destacaron también otros medios, que la Corte seguirá discutiendo diversos aspectos del CNPP, entre ellos, los relacionados al aseguramiento de bienes decretados por el Ministerio Público, la geolocalización de teléfonos vinculados con delitos, así como se deberá poner en discusión la duración de las medidas cautelares que se imponen a los procesados y, entre otras, se espera debatir el concepto de flagrancia en delitos que requieren denuncia. Pese a que aún quedan en el limbo varios preceptos legales, la Corte decidió aprobar de manera preventiva las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales con la única finalidad de poder inhibir, frenar o disminuir los índices delictivos en el país. Lo que también ha sido motivo de crítica, luego de que, para sectores de la vida nacional del país, es una medida que también conlleva tintes político-electorales, por la importancia que cobran las elecciones de este año, y la inspección a personas o vehículos puede ser un instrumento con uso electoral, que fue otra de las críticas que se ventilaron en el largo debate entre los ministros de la Corte.